La nueva Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, denunció este lunes el trato que reciben las minorías en Birmania y China y pidió a los países occidentales que no construyan “muros” contra los migrantes.
Bachelet, urgió además en Ginebra a crear una instancia internacional encargada de reunir “pruebas” sobre los crímenes más graves cometidos en Birmania contra la minoría musulmana rohinyá para “acelerar la celebración de juicios”. En su primera intervención ante el Consejo de Derechos Humanos, Bachelet “exhortó al Consejo a adoptar una resolución y someter el tema a la Asamblea General para que lo apruebe, a fin de que se pueda establecer ese mecanismo”, como en el caso de Siria. Bachelet explicó que ese mecanismo “completaría y apoyaría” el trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI), que el jueves se declaró competente para investigar la deportación de la minoría musulmana rohinyá y que podría constituir un crimen de lesa humanidad. En 2017, más de 700.000 musulmanes rohinyás huyeron de Birmania, un país mayoritariamente budista, tras una ofensiva del ejército en represalia por los ataques de los rebeldes rohinyás contra puestos fronterizos. Perseguidos por las fuerzas armadas birmanas y las milicias budistas, los miembros de la minoría musulmana se refugiaron en grandes campamentos improvisados en Bangladés. A petición del Consejo de Derechos Humanos, un grupo de investigadores de la ONU pidió en agosto que la justicia internacional entable acciones contra el jefe del ejército birmano y otros cinco altos responsables militares por “genocidio”, “crímenes de lesa humanidad” y “crímenes de guerra” contra los musulmanes rohinyás, acusaciones que Birmania rechaza. Los investigadores pidieron renovar su mandato. La cuestión será tratada durante la actual sesión del Consejo, que se celebra entre el 10 y el 28 de septiembre en Ginebra. En el caso de China, Bachelet, en la versión escrita de su discurso, denunció el tratamiento de la minoría uigur, apuntando a “preocupantes alegaciones de detenciones arbitrarias a gran escala de uigures y otras comunidades musulmanas en los llamados campos de reeducación de Xinjiang.” Además también denunció la actitud de los países occidentales con los migrantes. “Levantar muros (...) separar y detener a familias y cortar los programas de integración, estas políticas no ofrecen soluciones a largo plazo para nadie, solo hostilidad, miseria, sufrimiento y caos”, aseguró.
Reunión con el canciller de Venezuela
Por otra parte también aceptó reunirse con el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, que debe pronunciar el martes un discurso en Ginebra, declaró a la AFP una portavoz de su oficina, Ravina Shamdasani. Arreaza hablará el martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como ya hizo el año pasado. En septiembre de 2017, el que entonces era Alto Comisionado, el jordano Zeid Ra’ad Al Hussein, pidió sin éxito una investigación internacional sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades de Venezuela. El discurso de Bachelet, del que una copia fue transmitida previamente a los medios, contenía párrafos sobre Venezuela pero que finalmente la Alta Comisionada no pronunció antes los diplomáticos. “Cuando se abre esta sesión, el creciente número de personas que huyen de Venezuela y Nicaragua demuestra una vez más la necesidad de defender constantemente los derechos humanos”, indica el texto de su discurso. “Pero también es fundamental abordar las razones por las cuales la gente se va” del país, afirma Bachelet, y pide al Consejo que tome “todas las medidas disponibles para hacer frente a las graves violaciones de los derechos humanos” en Venezuela y Nicaragua. Venezuela, inmersa en una crisis política y economíca desde principios de 2016, vive un nuevo periodo de tensión tras la decisión de la Corte Suprema de marzo de 2017 de asumir los poderes del parlamento, controlado por la posición. El presidente Maduro, en el poder desde 2013, fue reelegido hasta 2025, en unas elecciones criticadas en el extranjero. Según la ONU, unos 2.3 millones de personas se fueron desde 2014 de Venezuela, sumida en una aguda crisis económica.
