PGR y Conapred presentan protocolo para prevenir discriminación LGBTI+

A un año de su aprobación, este miércoles fue presentado el “Protocolo de Actuación para Procuración de Justicia, en casos que involucren orientación sexual o identidad de género”, con el que la Procuraduría General de la República y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) buscarán combatir la discriminación y garantizar el acceso a la “justicia igualitaria” de la comunidad LGBTTTIQA.

Se trata de un nuevo modelo de capacitación y sensibilización para el personal tanto de PGR como del resto de las 32 procuradurías y fiscalías del país para que los funcionarios públicos encargados de la procuración de justicia ofrezcan un mejor servicio en la materia con estricto respeto a los derechos humanos de las personas de esta comunidad tanto al tratarse de víctimas como victimarios.

En conferencia de prensa, Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, en suplencia del titular de la dependencia, sostuvo que la implementación de este protocolo de actuación pretende “que nadie más sea discriminado y contribuya a un México mucho más igualitario”. En su mensaje, reconoció “la incansable” labor social, y de activismo en defensa de los Derechos Humanos de las personas LGBTI+ y, en general, de aquellas personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.

Por su parte, la presidenta del Conapred, Alexandra Haas Paciuc, destacó el protocolo como “un ejemplo de política pública” por su alcance nacional, y porque cuenta con una estrategia de implementación y difusión amplia, como resultado del esfuerzo conjunto entre sociedad civil y gobierno.

En su intervención, Horacio Franco, músico y activista por los derechos de las personas de la comunidad LGBTI+, destacó que, si bien las leyes e iniciativas como este protocolo pueden ser funcionales, en México no habrá un cambio, ni dejarán de quedar crímenes por homofobia en la impunidad “mientras no haya campañas masivas de educación e información para concientizar” no sólo a funcionarios públicos sino a toda la ciudadanía. En ese sentido, expuso, “espero que el próximo gobierno sea congruente con esto. Tenemos que procurar una educación mayormente informada para que todos”.

En entrevista, al término del evento, Sara Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, detalló que la consolidación de este Protocolo de Actuación se derivó de las peticiones de las diferentes organizaciones civiles ante las dificultades que padecían por la discriminación y la serie de prejuicios con las que eran tratados como miembros de esta comunidad, por lo que se construyó en conjuntas con estos organismos.

¿Y la violencia?

Cuestionada respecto a la propuesta de Horacio Franco sobre “campañas masivas” para procurar la prevención del delito y la violencia contra las personas LGBTI+, la subprocuradora federal reconoció que se trata de un asunto que “rebasa la competencia de la PGR, sin embargo, estamos totalmente de acuerdo en que se tiene que hacer, pero se puede hacer con Conapred (…)

“Estoy de acuerdo de que para construir una cultura de paz lo que tenemos que hacer es eso, siempre el respeto a la otra persona, respeto a su dignidad humana o como es, es lo único que nos puede sacar este círculo de violencia en el que estamos”, lamentó.

El pasado 21 de agosto, activistas y organizaciones representantes de la comunidad LGBTI+ reiteraron a través de un pronunciamiento la exigencia de que el Estado Mexicano y las instituciones de gobierno no se mantengan en la omisión y, por el contrario, implementen las acciones y políticas públicas “urgentes” para atender y erradicar la violencia contra la población de la diversidad sexual y de género.

México es el segundo país a nivel internacional con la mayor cantidad de asesinatos documentados de mujeres trans. De 2007 a 2017 se tienen registrados 422 casos de mujeres trans asesinadas. Los dos últimos años han resultado los peores: en 2016 se registraron 80 crímenes y en 2017 se tienen registrados 59. La tendencia sugiere que 2018 será uno de los tres años con mayor cantidad de asesinatos de personas trans documentados desde el 2007. Tan solo de junio a agosto de este año se han documentado 16 de 34 casos que representan el 47% de los casos acumulados durante este año”, señalaron el colectivo de 500 grupos y activistas a nivel nacional.

Qué propone el Protocolo Nacional LGBTI+:

• Instancias de procuración de justicia con un área especializada y personal capacitado en trabajo social y psicología, que brinde atención a víctimas
• Atención psicológica individual y grupal.
• Acompañamiento durante la toma de declaraciones, careos, entre otras.
• Acompañamiento a víctimas durante reuniones de trabajo relacionadas con los avances en las investigaciones ministeriales.
• Detección inmediata de necesidades psicosociales en las comunidades afectadas.
• Vinculación y acompañamiento a otras dependencias gubernamentales, con la finalidad de contribuir a garantizar un tratamiento integral con servicios especializados.