El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acreditó 34 casos de tortura cometidos por la Procuraduría General de la República (PGR) durante la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, por lo que exhortó al gobierno mexicano a perseguir y sancionar dichas violaciones a los derechos humanos. La oficina del Alto Comisionado en México presentó el informe “Doble injusticia”, que analiza los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco de las investigaciones del caso, que desató una ola de indignación en todo el mundo.
El documento precisa que han sido detenidas y procesadas 129 personas y tras analizar 34 casos, el Alto Comisionado encontró “fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos”.
La noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero, se apoderaron en la ciudad de Iguala de autobuses que usarían para sus movilizaciones, pero fueron detenidos por policías municipales. De acuerdo con la hipótesis oficial, los policías entregaron a los estudiantes al grupo criminal de Guerreros Unidos, que los habría asesinado e incinerado para luego arrojar sus cenizas a un río. Pero expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han cuestionado dicha versión. La PGR es señalada de manera particular en el informe de las Naciones Unidas, pues se encontró que los casos documentados de violaciones ocurrieron después del 5 de octubre de 2014, cuando las autoridades federales se hicieron cargo de la investigación que inició la fiscalía del estado de Guerrero.
En todos los casos analizados, los individuos presentaron numerosas lesiones físicas, certificadas por exámenes médicos, que son compatibles con lesiones resultado de tortura”, añade el informe.
Los involucrados en estos abusos serían elementos de la Procuraduría, de la policía federal y militares de la Marina. El informe subraya además que las autoridades han dado explicaciones “improbables y fácilmente refutables” sobre las lesiones, como alegar estado de ebriedad, autogolpes o caídas.
‘Búsqueda de la verdad’
En sus recomendaciones, el Alto Comisionado llama a la PGR a investigar e identificar a los responsables -y a sus superiores jerárquicos- de estas violaciones a los derechos humanos y llevarlos ante la justicia. También llama a la PGR y al Poder Judicial a desestimar las pruebas obtenidas y exhorta al Ejecutivo mexicano a crear un consejo asesor de lucha contra la impunidad que a su vez impulse reformas que fortalezcan las capacidades de investigación. El Alto Comisionado subraya que el objetivo de este informe, basado en investigaciones realizadas por otras fuentes y organismos, no busca presentar una versión alternativa del caso Iguala ni señalar a los posibles responsables de la desaparición forzada de los estudiantes.
El informe contribuye a la búsqueda de la verdad y la justicia en dicho caso y, más ampliamente, a la agenda nacional de lucha contra la impunidad, las desapariciones y la tortura en México”, sostiene.
Desde diciembre de 2006, cuando el gobierno de entonces lanzó un polémico operativo militar antidrogas, se han registrado más de 200 mil asesinatos y miles de desapariciones, según cifras oficiales que no precisan cuántos de estos crímenes están relacionados con el combate a la delincuencia organizada. Varios mecanismos internacionales de derechos humanos dentro y fuera de México ya han denunciado que en las investigaciones de este caso se cometieron distintos abusos. AT/
