Una revisión de acuerdos no redactados y borradores de, al menos, nueve documentos de compra entre Pfizer y diversos gobiernos, reveló puntos claves de las duras negociaciones que esta farmacéutica impuso para la distribución temprana de su vacuna anti-Covid.
Zain Rizvi, experto en innovación farmacéutica e investigador principal del caso, detalló que “los contratos ofrecen una visión poco común del poder que ha ganado una corporación farmacéutica para silenciar a los gobiernos, reducir el suministro, cambiar el riesgo y maximizar las ganancias en la peor crisis de salud pública en un siglo”.
La investigación que hizo Public Citizen, organización no gubernamental para la defensa del consumidor en Estados Unidos, incluyó tres acuerdos definitivos de compra, uno redactado para países de América Latina; así como un proyecto de pacto definitivo, dos hojas de condiciones vinculantes y tres contratos anticipados con cláusulas personalizadas.
Entre los puntos más importantes de estos convenios destaca el poder que Pfizer tuvo para silenciar a los gobiernos. Por ejemplo, en el caso de Brasil, la farmacéutica agregó una cláusula especial en la que prohíbe que las autoridades de este país hagan pronunciamientos públicos o revelen información de este trato.
Una cláusula similar aparece en los documentos que firmó la compañía con la Comisión Europea y con Estados Unidos; además, estos dos compradores también recibieron el precio más alto entre los países analizados con precios de 18.6 y 19.5 dólares por dosis, respectivamente; una cifra hasta 7 dólares superior al promedio de otros acuerdos.
Los documentos muestran otras prácticas abusivas como impedir sanciones por entregas tardías o una amplia indemnización a Pfizer en caso de reacciones adversas o problemas que la vacuna pudiera causar en la población general. La empresa agregó una cláusula para controlar el suministro de sus dosis, lo que impide la compra, venta o donación entre gobiernos sin un permiso expreso.
Pfizer también se aseguró de que los posibles conflictos no se lleven a una corte pública, porque las controversias deberán ser resueltas con un arbitraje privado y secreto que opera bajo las leyes vigentes en Nueva York.
La farmacéutica incluyó una cláusula especial en los borradores latinoamericanos, en la que exige a los gobiernos renunciar a la inmunidad soberana para someterse a los dictámenes de este arbitraje secreto, lo que permite a esta empresa utilizar activos estatales como garantía de pago por las dosis anti-Covid que se han adquirido.
