La ausencia de supervisión que garantizara las mínimas condiciones estructurales y de seguridad para los trabajadores de la mina de carbón de Villa de Agujita, en Sabinas, Coahuila, en el que desde ayer se mantienen atrapados 10 mineros, no impidió que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) siguiera concediendo contratos.
Aunque la empresa Infraestructura Minera Catamco, a la que pertenece el pozo carbonero que ayer registró un derrumbe por inundación, se ubicó desde 2017 en la lista de minas coahuilenses que fueron restringidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al no cumplir con las normas necesarias en cuanto a seguridad, higiene y capacitación de sus trabajadores, la empresa se mantuvo en la lista de contratistas de la CFE, bajo la dirección de Manuel Bartlett.
De acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio consultados por este diario, Infraestructura Minera Catamco, constituida en mayo de 2017, bajo la administración única de Abel Alvarado Tijerina, familiar del senador morenista Armando Guadiana Tijerina, se vio beneficiada ya en la administración de Bartlett al frente de la CFE con al menos un contrato (CFE-0700-ADAAN-0081-2020) por un monto de 15 millones de pesos, como parte de una lista de 60 empresas a quienes la Comisión contrató, por adjudicación directa, para la extracción de carbón en dicho municipio coahuilense.
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Fue el 22 de septiembre de 2021 cuando Alvarado Tijerina, quien al igual que su familiar Javier Espinoza Tijerina, representante de Minera Epce, también beneficiada para la extracción de carbón, vendió las acciones de Infraestructura Minera Catamco a José Raúl Rodríguez Espinoza, quien se desempeñó como juez de primera instancia en materia civil en Sabinas Coahuila, por un monto de 60 mil pesos.
Aún con el antecedente de que familiares directos se han visto beneficiados con contratos para la explotación de carbón en Sabinas, y particularmente con los pozos hoy siniestrados, Armando Guadiana, secretario de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional del Senado de la República, acusó que la “irresponsabilidad de la gente que minó ahí (en Sabinas) y la falta de supervisión de la Secretaría del Trabajo federal y estatal también”, fueron los causantes de la tragedia. Agregó que en el “pocito” siniestrado se trabaja sin realizar un mapeo interno geológico previo, por lo que llegan a lugares en donde hay depósitos de agua, refirió en entrevista para Enfoque Noticias.
Pese a haber mantenido la concesión y la viabilidad para preservar contratos con la CFE, las anomalías con su operación dieron lugar a que apenas en diciembre del año pasado ocurriera un derrumbe que dejó un saldo de dos trabajadores heridos, a quienes incluso la organización Familia Pasta de Conchos denunció que no se les había brindado la atención médica.
Incluso señalaron que representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social acudierona la mina supuestamente a inspeccionar el hecho, pero acusaron que les habrían permitido “maquillar” la escena del incidente para simular que habían cumplido con las normas de seguridad.
Ahora con el reciente incidente en el pozo de Villa de Agujita, ocurrido la tarde ayer, un reportaje del diario El Coahuilense da cuenta de que el pozo carbonero es propiedad del empresario Régulo Zapata Jaime, alcalde de Sabinas de 1999 al 2002, al contar con los derechos de explotación y un contrato por 55 millones de pesos con la CFE para abastecer del mineral a la carboeléctrica ‘Carbón II”, en Nava, Coahuila.
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De acuerdo con el diario coahuilense, la familia de Régulo Zapata se ha visto beneficiada con la explotación de la región carbonífera de Coahuila, pues además de contar con diversas concesiones, se han mantenido en la administración pública del municipio.
Su abuelo, Régulo Zapata Múzquiz, también ocupó el cargo de edil de 1981 a 1984; así como Carolina Morales Iribarren, esposa de Zapata Jaime, quien también fue alcaldesa (2005-2009) y luego diputada local.
Al igual que con aquel derrumbe de diciembre de 2021, el colectivo Familia Pasta de Conchos reiteró su denuncia al advertir que más que un pozo de carbón se trataba de una “trampa mortal” en la que ni siquiera estaban construidas las paredes del pozo, ni se hicieron los barrenos necesarios para identificar cuerpos de agua o gas.
Hasta el cierre de está edición, los trabajos de rescate se realizaban a contrarreloj, pues el retraso en la extracción de agua según el último reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil dio cuenta de un avance de apenas el 40%, con apoyo de sólo ocho bombas de extracción, aunado al hecho de que hasta las 19:00 horas de hoy no habían arribado el equipo de buzos para tratar de localizar a los mineros.
