Si bien la empresa española aclaró que no se va de México, se ha deshecho del 80 % de su negocio en nuestro país por un monto de 5 mil 500 millones de euros, cerca de 110 mil millones de pesos.
De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional de Mercado de Valores con sede en España, el comprador de los negocios de Iberdrola es el gobierno mexicano.
A su vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que firmó un convenio para la compra de Iberdrola, que incluye 13 plantas de generación de energía eléctrica y que serán parte del patrimonio público, las que operarán bajo el mando de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “Hemos tenido algunas discrepancias, pero el diálogo lo puede todo”, dijo el mandatario mexicano.
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El presidente López Obrador se quejó en innumerables ocasiones de la empresa española, dado que la considera simuladora de un modelo del que se benefició al vender electricidad a terceros y que está prohibido, pero que se amparó en la figura de autoabasto para sus socios. Iberdrola fue multada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por nueve mil 145 millones de pesos, lo que festejó la administración lopezobradorista; sin embargo, un juez en materia administrativa dictó suspensión definitiva para evitar el pago de dicha cantidad.
“De estas diferencias y de estas discrepancias, surge algo extraordinario, repito, histórico”, dijo el presidente en una reunión en Palacio Nacional, junto con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y el subsecretario Gabriel Yorio; y el director de la CFE, Manuel Bartlett. Por parte de Iberdrola estuvieron presentes su presidente Ignacio Sánchez Galán; el gerente en México, Enrique Alba; y su director general de Desarrollo, David Mesonero.
Según Ramírez de la O, quien fue el encargado de explicar la transacción, la operación podría llegar a ser del orden de los seis mil millones de dólares, dinero que provendrá del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y aseguró que esta adquisición no sumará a la deuda pública presupuestal de México, ya que por su propias facultades el organismo público puede salir al mercado para refinanciar esta transacción, lo cual estará bajo la vigilancia de la Secretaría de Hacienda. Esta operación tomará cerca de seis meses en concretarse, ha mencionado el secretario de las finanzas del país.
Con este negocio, la CFE pasa de
39.6 % a 55.5 % en la generación de toda la energía eléctrica del país, y como la ley no le impide expandirse en el mercado, es una transacción que no incumple con la competitividad dentro del mercado eléctrico.
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