Pese a los escándalos de corrupción y de haber 38 denuncias penales en su contra por malversación de fondos, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) de 2023 propone darle al sistema Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) un aumento por 3 mil 490.5 millones de pesos.
En la propuesta de presupuesto presentada este jueves en la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda planteó un presupuesto por 9 mil 674 millones 904 mil 019 pesos para Diconsa y Liconsa, organismos que en conjunto forman el esquema ideado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para subsidiar a los productores del campo y, al mismo tiempo, combatir el hambre en el país.
Ese monto representa un incremento de 56.4% respecto de los 6 mil 184.3 millones de pesos que recibió en 2022.
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El pasado 18 de agosto, durante la conferencia presidencial en Palacio Nacional, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, informó que la dependencia a su cargo ha presentado 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Segalmex por un presunto daño patrimonial que ronda los 9 mil 500 millones de pesos, es decir, una cifra similar a la que Hacienda pretende asignarle para el próximo año.
En sólo dos años, Segalmex se ha convertido en la dependencia con más irregularidades y presuntos actos de corrupción de la llamada Cuarta Transformación, con montos por aclarar que superan los del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que hasta el momento no ha logrado comprobar el destino de 7 mil 938.6 millones de pesos.
Con sólo cinco investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entre 2019 y 2020, los vicios en las finanzas en Segalmex han derivado en 9 mil millones de pesos sin aclarar.
La mayoría de las anomalías en el organismo se generan por no proporcionar boletas de recepción y liquidación de los pequeños productores en las que se acredite la entrada de granos a los centros de acopio ni evidencia de las transferencias bancarias que acreditaran el pago.
Asimismo, no hay documentación sobre el cálculo aplicado entre el precio de referencia y el precio de garantía, para determinar el diferencial de los subsidios otorgados a los productores.
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