La crisis política y social en Perú ha aumentado en complejidad. En esta semana, Amnistía Internacional indicó una grave crisis en derechos humanos y también acusó a las autoridades peruanas de actuar con “un marcado sesgo racista” en su represión de las protestas que han sacudido al país desde diciembre, según un informe que fue publicado el pasado jueves.
Amnistía Internacional dio la voz de alarma este jueves sobre la criminalización de campesinos e indígenas por parte de las fuerzas de seguridad peruanas en respuesta a las protestas contra el gobierno de transición que asumió el poder a principios de diciembre.
“Se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos en Perú”, dijo la directora de AI para las Américas, Érika Guevara Rosas, en una conferencia de prensa en Lima.
Al presentar los hallazgos preliminares de la misión de AI en la nación andina, acusó a las autoridades de montar “ataques generalizados contra la población, con la intención de castigar y silenciar a las personas que ejercen su legítimo derecho a la protesta”.
Setenta personas han muerto durante el transcurso de las protestas que estallaron tras la destitución del presidente electo Pedro Castillo el 7 de diciembre, horas después de que intentara disolver el Congreso y convocar elecciones para delegados a una convención constituyente.
La mayoría de las 48 muertes confirmadas fueron de manifestantes que murieron a manos de las fuerzas de seguridad.
“Las autoridades peruanas han permitido que desde hace más de dos meses el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del gobierno al clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos”, mencionó Guevara Rosas.
Señaló que si bien las provincias de mayoría indígena representan solo el 13 por ciento de la población de Perú, esas mismas provincias representan el 80 % de las muertes durante la crisis actual.
“No es coincidencia que decenas de personas dijeron a Amnistía Internacional que sentían que las autoridades los trataban como animales y no como seres humanos. El racismo sistémico arraigado en la sociedad peruana y sus autoridades durante décadas ha sido la fuerza impulsora detrás de la violencia utilizada para castigar a las comunidades que han alzado la voz”, dijo Guevara Rosas.
Los investigadores de AI visitaron las provincias de Ayacucho, Apurímac y Cuzco, en el sur de Perú, entre el 29 de enero y el 11 de febrero, y también se reunieron con altos funcionarios, incluido el jefe del gobierno de transición, la exvicepresidenta Dina Boluarte.
La gente del sur acudió en gran número en 2021 a votar por el forastero Castillo, un maestro de escuela de origen campesino que prometió abordar la pobreza, quien ganó por poco en una segunda vuelta contra Keiko Fujimori, hija del expresidente encarcelado Alberto Fujimori.
Represión con sesgo racista
Ruth Bárcena Loayza, esposa de uno de los manifestantes fallecidos en las protestas en Perú, criticó la represión de los cuerpos de seguridad en el control de las movilizaciones sociales antigubernamentales, apoyada por Amnistía Internacional.
Citando el caso de Bárcena, la ONG advirtió que “en Perú se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión violenta estatal en contra de protestas sociales”.
“No somos terroristas, somos serranos, campesinos que nos dedicamos a la chacra”, subrayó Bárcena, cuyo esposo, Leonardo David Hancco, de 32 años, murió el 17 de diciembre tras ser herido en una protesta contra la presidenta Dina Boluarte en la ciudad de Ayacucho, a 550 kilómetros de Lima, en el sur del país.
Las protestas estallaron hace más de dos meses en exigencia de la renuncia de Boluarte y la convocatoria a elecciones generales y a una Asamblea Constituyente. Durante estas manifestaciones han fallecido 48 civiles en enfrentamientos con cuerpos de seguridad.
Según Amnistía Internacional, “las autoridades habrían actuado con un marcado sesgo racista, ensañándose contra aquellas poblaciones históricamente discriminadas”.
El grueso de los fallecimientos tuvo lugar en zonas andinas del sur y suroeste, marcadas por grandes brechas sociales. “La represión letal es otra muestra del desprecio hacia la población Indígena y campesina” por parte de la policía, dijo la organización humanitaria.
Guevara Rosas, representante regional de Amnistía Internacional se reunió este miércoles con Boluarte, a la que presentó evidencias de que agentes de seguridad hicieron uso excesivo y letal de la fuerza. Según afirmó, hay 46 casos documentados de violaciones de derechos humanos durante las protestas.
El martes pasado, organizaciones de derechos humanos informaron que denunciaron penalmente a Boluarte, sus ministros y a jefes policiales por la muerte de seis personas durante protestas ocurridas en diciembre en la región de Apurímac.
›Otra investigación fiscal busca determinar si fuerzas de seguridad asesinaron a manifestantes el 15 de diciembre en Ayacucho.
Amnistía advirtió que las áreas con mayoría de población indígena han representado la mayoría de las muertes desde que comenzaron las protestas. “Si bien las regiones con mayoría de población indígena representan solo el 13% de la población total de Perú, representan el 80% del total de muertes registradas desde que comenzó la crisis”, sostuvo la organización internacional.
Las protestas estallaron hace más de dos meses en exigencia de la renuncia de Dina Boluarte y la convocatoria a elecciones generales.
