En México una de cada cinco personas que se identifica como parte de la diversidad sexual o de género ha sido forzada a tomar alguna terapia de conversión, práctica considerada como tortura por la Organización de Naciones Unidas (ONU), y que se encuentra prohibida en 10 entidades del país.
Las terapias de conversión, conocidas como esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género (Ecosig), es una de las principales formas de violencia que enfrenta la comunidad LGBTTTIQ+ en México, así lo demuestran los resultados de la primera Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) con 955 mil 260 denuncias relacionadas a esta práctica.
Según datos de este ejercicio, las personas transexuales o transgénero experimentaron mayor rechazo de su familia que otros sectores de este colectivo, lo que les convirtió en el grupo con más denuncias sobre terapia de conversión en el último año con 22% del reportado.
Así, dos de cada 10 personas transexuales o transgénero sufrieron violencia de su familia al revelar sus preferencias; la mitad de ellos fue obligado a visitar un médico, autoridad religiosa u otra institución para “corregir” su identidad, algo que impactó en su salud mental y que orilló al 14% a intentar quitarse la vida.
Organismos internacionales han denunciado que este tipo de terapias recurre a prácticas discriminatorias, inhumanas, degradantes y coercitivas, e incluso se han documentado casos de violaciones correctivas y otros abusos físicos que son consentidos por los familiares en un intento de “curar” la diversidad.
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