Diversos integrantes de la comunidad científica consideran que la solicitud de orden de aprehensión que hizo el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, contra exintegrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), y de la pasada administración del Conacyt tiene más un trasfondo político que legal.
Como fue dado a conocer esta mañana en la columna Estrictamente Personal de Raymundo Riva Palacio, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez radicado en el Centro Federal de Readaptación Social “El Altiplano”, una orden de aprehensión contra 31 científicos que hasta hace poco tuvieron alto perfil en el FCCyT o el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Los imputados —entre los que figura Enrique Cabrero Mendoza, recién nombrado integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM, y Julia Tagüeña, quien estuvo al frente del Foro hasta junio del 2020— no se han pronunciado, pero se espera que lo hagan en las próximas horas.Personas cercanas a los académicos aseguraron que recibieron la noticia con sorpresa, especialmente porque la Fiscalía lo enmarcara en un caso de delincuencia organizada.
Esta acción de la Fiscalía estaría basada en una denuncia presentada por la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, quien se negó a otorgar recursos al FCCyT desde el inicio de la administración morenista, por considerar que esta asociación gastaba más recursos de los que necesitaba para su “adecuado funcionamiento” y “operación permanente”.
Dentro de los gastos no justificados del FCCyT, que se han documentado en la prensa por organizaciones como Poder, se encuentra el pago de tintorería, combustible, viajes fuera del país y otros servicios personales; así como cuentas en prestigiosos restaurantes de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.
Los recursos que esta asociación civil recibía corresponden al artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología de 2002. y sumaron entre 2011 y 2018 un total de 237.8 millones de pesos, de acuerdo con información financiera que la propia organización presentó.
Con la llegada del gobierno morenista les “cerraron la llave”, por lo que el FCCyT promovió un amparo en septiembre de 2019, que fue concedido el 10 de enero de 2020, pero Conacyt no atendió el juicio.
Posteriormente, se reformó el Estatuto Orgánico y se generó al interior de esta institución un Foro con el mismo nombre de la asociación civil, pero de otra naturaleza. Tagüeña, quien fue la última directora del Fondo, presentó su renuncia y dijo que la organización “sigue sin recibir recursos, esto imposibilita las actividades ordinarias y por ello la Mesa Directiva ha decidido entrar en una suspensión parcial de actividades y dejar sus bienes inmuebles y muebles en comodato a la UNAM que se encargará de su mantenimiento”.
Tras la renuncia de Tagüeña, el 24 de agosto de 2021, se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia decidió sobreseer el amparo al ya no existir materia.
En el segundo semestre del año, la FGR decidió solicitar a un juez una orden de captura contra las y los 31 científicos, quien al analizar la carpeta entregada por el equipo de Gertz Manero, emitió una prevención a tal solicitud, para que aportaran más pruebas, ya que no justifica que se recurra a una cárcel de alta seguridad, que fue creado para reos peligrosos por sus delitos y capacidad; por lo que se debería judicializar la carpeta de investigación en “un centro federal de readaptación social con las características de seguridad que requiere para el asunto en concreto”.
Aunque cuestionó el fondo, ya que “no basta argumentar de manera categórica o dogmática sobre la acreditación de los hechos que la ley señala como delito”, para que el órgano jurisdiccional pueda evaluarlos y emitir una resolución de manera informada y oportuna, por lo que dio un plazo de 15 días hábiles para hacer los cambios.
A través de redes sociales miembros de la comunidad científica han expresado su inconformidad con la acción de la Fiscalía, uno de ellos es Luis Niño de Rivera y Oyarzabal quien declaró “Álvarez-Buylla ha acusado sin pruebas, sólo por diferencias de opinión vertidas en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, organismo de consulta que estorba a la Directora del Conacyt para dictar a su criterio único La Ley de Ciencia y Tecnología. Llegó el momento de dar una respuesta enérgica contra esta barbaridad”.
