La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados perfila hoy la aprobación de la reforma política del Distrito Federal, que prevé convertir la capital del país en el estado 32 de la República con la denominación Ciudad de México, así como transformar sus delegaciones políticas en demarcaciones territoriales encabezadas por alcaldes.
A su vez, la actual Asamblea Legislativa pasaría a ser un Congreso local, con facultades para ratificar o rechazar las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión.
La reforma política ya avalada por el Senado considera la elección de una Asamblea Constituyente integrada por 100 diputados encargados de la deliberación y aprobación de la Constitución Política local.
De esos legisladores, 70 serán electos por los ciudadanos del Distrito Federal mediante el principio de representación proporcional, mientras 14 serán designados por el Senado de la República; 14 más, por la Cámara de Diputados; seis, por el Presidente de la República, y los seis restantes, por el Jefe de Gobierno de la Ciudad.
De acuerdo con el proyecto, la elección de la Asamblea Constituyente tendría lugar el primer domingo de junio de 2016 para ser instalada el 15 de septiembre y aprobar la Constitución de la Ciudad de México a más tardar el 31 de enero de 2017.
Corresponderá al Jefe de Gobierno del Distrito Federal la facultad de elaborar y remitir el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México a la Asamblea, a más tardar el día en que ésta celebre su sesión de instalación.
Entre otros aspectos, la reforma política del Distrito Federal otorga al jefe de Gobierno la facultad de nombrar y remover libremente al servidor público encargado del mando directo de la fuerza pública, en tanto que el Presidente de la República podrá remover a dicho funcionario por las causas graves que determine la ley.
Mantiene, asimismo, la facultad del Congreso de la Unión para aprobar la deuda pública de la Ciudad de México, pero deroga la facultad del Senado para nombrar o remover al jefe de Gobierno.
Por lo que hace a la organización de los poderes públicos en la capital del país, la reforma dispone la creación de demarcaciones territoriales gobernadas por alcaldías colegiadas.
Las alcaldías serán integradas con un alcalde y un concejo derivado de una elección popular mediante planillas de entre 11 y 15 miembros.
