1.
No sin un gran sainete, la democracia española ha mostrado una posibilidad insólita pero no imposible: que termine gobernando quien perdió las elecciones. No sin maestría en el arte de la política y el gobierno, el presidente saliente, en funciones y ahora ratificado Pedro Sánchez ha logrado obtener la investidura sumando a tantos dispersos como le fue posible y dividiendo a España en dos mitades casi exactas, lo que no augura demasiada estabilidad o longevidad al nuevo gobierno.
2.
La razón salta a la vista: una mitad del país rechaza una amnistía profunda a los separatistas catalanes, poseedores de siete escaños indispensables para forjar la mayoría parlamentaria, en tanto que la otra mitad es refractaria a la posibilidad de que la extrema derecha, representada por el partido Vox, terminara apoderándose del gobierno con un aire de falange muy anterior a la democracia española. Ciertamente, tiene razón el presidente español al argumentar que en el sistema parlamentario gobierna quien tiene la mayoría de los escaños, en este caso, 175 o más, al estar integrado el Congreso de los Diputados por 350 asientos. Sin embargo, integrar una mayoría parlamentaria a costa de otras instituciones, como son la integridad del reino o la autonomía del Poder Judicial, parece excesivo si sólo de gobernar se trata.
3.
El presidente español logró la investidura al ir agregando escaños a sus números en minoría, 121 diputados, hasta alcanzar 179. Previamente, el líder de la derecha, Alberto Núñez Feijóo intentó la investidura, no logrando trascender la cifra mágica por tres escaños, pues tenía 137 propios más 33 del partido Vox, y dos más de otros pequeños, 172 en total. Pudo haber hecho un trato con los separatistas catalanes, pero sus votantes y aliados no lo permitieron, prefiriendo un repliegue táctico hacia la oposición que le permitirá en un futuro no muy lejano cobrar la factura de lo que suceda ahora.
4.
La nueva coalición política del presidente Sánchez reúne a los socialistas y a las izquierdas de Sumar y Podemos, el país vasco y, en una intensa negociación, con los separatistas catalanes del Junts de Charles Puidgemont, quienes, de ser aprobada la Ley de Amnistía exigida, podrán regresar como si nada a promover la realización de otro referéndum separatista que también les fue ofrecido, además de someter a investigación a los jueces del proceso instaurado en su contra por sedición, siendo una comisión ex profeso la que habrá de integrarse en el Congreso de los Diputados con tal propósito (lawfare, le llaman).
5.
Finalmente, el gobierno se ha integrado sobre bases inciertas. Los siete diputados de Junts son ahora el fiel de la balanza que les permitirá influir en todo lo que a Cataluña se refiera y un poco más; por ejemplo, han logrado en la letra chiquita que el 100% de los impuestos recaudados en su territorio le sean retornados, un tratamiento que sólo Navarra y el País Vasco tenían y que debilita el índice de solidaridad con el que se redistribuyen los recursos fiscales entre las diversas autonomías españolas. Ahora, la suerte de Pedro Sánchez estará en las manos de los separatistas, quienes así tendrán a toda España en ciernes. Siendo un gobierno sin mayoría propia, parafraseando a Maquiavelo, su suerte dependerá de la fuerza que le presten los demás. Quizá mejor habría sido una nueva convocatoria a elecciones en enero, que podría haber clarificado el escenario sin poner tanto en juego. El gabinete de 22 ministros, como lo ha definido el presidente español, es un gabinete de combate político, porque lo necesita para cumplir lo convenido y pagar lo que le han prestado para enfrentar a la otra mitad de España que no está de acuerdo. Finalmente, la coalición será tan fuerte o frágil como Junts/Puidgemont la haga posible por el juego de conveniencias mutuas, cual dilema del prisionero, para sostenerse ambos porque lo que está enfrente –la derecha-- les es mucho peor.