1.
El cierre de la agenda legislativa en este primer periodo ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura es de vértigo. Esencialmente, ha debido prevalecer el poder de la mayoría sobre las razones que las minorías pudieran esgrimir para desatar el programa de cumplimiento de las principales promesas de campaña del Presidente López Obrador.
Primero fue votada la Ley de Remuneraciones Máximas que no sólo cancela las pensiones a los ex presidentes de la República, sino que está causando una conmoción entre Poderes y en órganos constitucionales autónomos, al impactar en los niveles salariales ministros, jueces y comisionados definidos constitucionalmente para prevenir, precisamente, injerencias desde el poder predominante, que en el sistema presidencial es el Ejecutivo Federal.
2.
Fueron votadas también las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear las figuras de Delegados de Desarrollo en las entidades, dependientes directamente de la Oficina de la Presidencia y nombradas por el titular del Ejecutivo Federal. ¿Alguien recordará acaso cuando desde Presidencia se nombraba a los gobernadores?
Las reformas a la LOAPF cancelan asimismo las plazas adjuntas y reducen los privilegios de la “burocracia dorada”. Con tanto rezago, pobreza y desigualdad, el discurso contra los privilegios y los altos ingresos cae en terreno fértil y apoya otros propósitos, como es el de la reconstrucción del Estado eficaz y de bienestar, centrado en el gasto público selectivo, que habrá de sustituir al Estado poco eficiente de la era neoliberal, como ahora se le llama a los últimos 36 años.
3.
También está en marcha la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, que es el eje articulador de la estrategia de paz y seguridad del gobierno federal, cuya actuación nacional pretende integrar a otras fuerzas de policía. Si bien el proyecto está en consultas entre especialistas, que se oponen esencialmente a la militarización que puede implicar, es previsible que vaya a aprobarse, dada la urgencia de resultados que hay en este rubro.
4.
Mediante iniciativa de reforma constitucional al Artículo 3º dio inicio la cancelación de la reforma educativa, que elimina el criterio de calidad, cancela el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y desvincula la capacitación y mejoramiento profesional del magisterio de la mejora salarial y los ascensos. La reforma constitucional devuelve a los maestros y a quien los dirija el rol central en el sistema educativo, lo que augura, desde ya, la preeminencia de la organización sindical y el eventual retorno de la maestra Elba Esther Gordillo.
Finalmente se aprobó la Ley de la Fiscalía General de la República sin que se hubiera concertado la absurda autonomía absoluta que se pretendía del abogado de la Nación, la cual será formal pero alineada al gobierno de la República.
5.
Lo importante en lo que viene, es la aprobación del paquete presupuestal del 2019. Dado que la percepción de la economía contrasta con la gran popularidad y respaldo que tiene el nuevo régimen, la implacable voz de los mercados exige que los números del presupuesto sean consistentes con el contexto global, es decir, que no se sobregiren. Para cumplirle, los Criterios Generales de Política Económica implican cifras tremendamente realistas: paridad peso/dólar, 20 pesos; inflación, sobre 3.5%; precio del petróleo de exportación, en caída libre a 55 dólares el barril; perspectiva de crecimiento entre 1.5 y 2.5%; expectativa del balance fiscal, con superávit primario del 1%; techo presupuestal, 5.8 billones de pesos, aunque son devaluados pesos. Sobre estas previsiones es que se redistribuye el gasto. Todo, para lucir lo que será, desde ahora, la gestión del gasto público en el Estado de Bienestar.
