1.
Con gran intensidad se vive en estos momentos el debate sobre la democracia en nuestro país y no es sólo por el valor intrínseco de la democracia, sino porque se aproxima un momento crucial en el sistema político mexicano, que es la sucesión presidencial.
2.
Desde siempre, la sucesión (relevo o transmisión de poder de manera hereditaria o por elección, sea ésta carismática o legal) suele plantear problemas inéditos. Se sabe que el poder de quien lo detenta concluye de forma natural o temporal porque así está establecido por norma estatuida, y que habrá de transmitirse al sucesor mediante un mecanismo tradicional o competitivo, que de no estar estatuido acontece de manera violenta. No es el caso en México, donde en los últimos cuarenta años con gran impulso de la sociedad, se ha construido un sistema político-electoral competitivo y representativo que ha permitido tanto la transición del autoritarismo a la democracia como la alternancia pacífica entre opciones políticas realmente antagónicas como en su tiempo lo fueron el PAN frente al PRI o las izquierdas ante estos dos, de donde emergería la opción política actualmente en el poder. De no haber existido entonces normas e instituciones electorales autónomas, como diría Perogrullo, la situación simplemente sería otra.
3.
Ciertamente, como se señala en el libro La democracia no se toca, nuestro complejo sistema electoral proviene de la desconfianza de unos contra otros y de todos frente al autoritarismo entonces prevaleciente. Si el gobierno organizaba las elecciones e intervenía en todos los niveles políticos, ¿cómo podría haber juego limpio y competitivo? De ahí la insistencia opositora en los noventa para integrar el padrón electoral desde cero y luego con fotografía, como también separar la organización de las elecciones del gobierno e integrar un órgano electoral autónomo, con consejeros diferenciados del ejercicio del poder. Así es como en el año 2000 llegaría el primer gobierno de alternancia, le seguiría una segunda alternancia por un diferencial mínimo que llevaría en un ciclo de reforma del Estado a introducir en 2008 tanto el financiamiento público como el modelo de comunicación política para establecer un piso parejo para todos los contendientes. Pero más desconfianza es lo que se siguió añadiendo, que irían agregando deberes y burocracia a las instituciones electorales. Ya entonces se advertía que el presupuesto del todavía Instituto Federal Electoral debería multiplicarse tan sólo para realizar el monitoreo y fiscalización censales de los spots y el financiamiento público, tareas que en cierto modo se alejaban de la labor propiamente dicha de organizar los comicios.
4.
Luego, derivado de la tercera alternancia y el llamado Pacto por México, en 2014 los partidos políticos representados en el Congreso realizaron otra reforma otorgándole el carácter “nacional” al órgano electoral que pasaría a ser el INE, creando además los órganos estatales y el deber de sancionar los incumplimientos normativos de partidos y candidatos que el Tribunal Electoral suele interpretar y recular. Así llegó en 2018 la cuarta alternancia, con una mayoría suficiente para reconcentrar el poder y el centralismo político presidencial.
5.
Si la confianza prevaleciera entre los actores políticos, sería mucho más sencillo organizar las elecciones, con costos razonables. Como esto no es así y la desconfianza sigue, el problema de realizar cambios profundos en la naturaleza del INE o decidir la renovación de los consejeros difícilmente se resolverá por consenso. En una democracia funcional, la sociedad se moviliza, los partidos debaten y las controversias no debieran ser irreductibles pero al final, corresponderá a los mecanismos jurisdiccionales resolver y a los actores políticos acatar las resoluciones sobre la constitucionalidad o no de las reformas propuestas y la idoneidad o no de los nuevos consejeros electorales.
