1.En general, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018 está orientado a sostener los fundamentos macroeconómicos del país, dejando en un segundo plano el gasto social. Para ello, los diputados modificaron las cifras base del diseño presupuestal original, al considerar un precio del barril de petróleo por encima de la cobertura contratada que es de 46 dólares, poniéndolo en 48.50; al estimar un tipo de cambio de 18.40 por dólar y al subir el porcentaje de captación obligatorio para el SAT, hasta en un 5% para obtener una estimación de recursos adicionales por casi 44 mil millones de pesos, destinados esencialmente a la reconstrucción y apoyo a damnificados de los sismos de septiembre.
Es de destacar que para el servicio de la deuda, se aprovisionan más de 640 mil millones de pesos, incrementales según lo haga el tipo de cambio.
2.En contraste, el gasto social directo a través de Sedesol e indirecto a través de Sagarpa habrá de reducirse en el orden de los 10 mil millones de pesos, además de las disposiciones concurrentes para “blindarlo” del uso clientelar y político-electoral que necesariamente dificultan su ejercicio. Es más que sabido que extensas y complicadas reglas de operación hacen muy lento el flujo de recursos, más aún en el año electoral que se avecina.
No obstante, el recorte por 90 mil millones de pesos originalmente considerado persiste en la estructura presupuestal, dado que el estimado adicional de recursos no le compensa al ser etiquetados a la atención de los efectos de los sismos. Es decir, el gasto administrativo y los referidos programas sociales habrán de apretarse, dado que los recursos adicionales por generar se aplicarán en la reconstrucción.
3.Sólo por comparar, en Estados Unidos, no obstante la polarización observable y el conflicto político latente, la administración Trump ha logrado avanzar en sus propósitos. Con la precaria mayoría republicana que ostenta, logró ya la aprobación del techo de deuda por encima de los 20 trillones de dólares, que le da un respiro al Tesoro norteamericano para seguir cumpliendo sus obligaciones, y el Senado y la Cámara de Representantes han aprobado ya el presupuesto del primer año de Trump, lo que finalmente es un hecho consumado, sujeto a algunas negociaciones coyunturales con los demócratas si es que no desean perder demasiado.
4.Lo relevante, además, es que tal situación abre la puerta a otro de los grandes temas perseguidos por Trump, que es una reforma fiscal a contrario sensu, es decir, que reduce los impuestos de una manera dramática, yendo inclusive en contra de las recomendaciones generales de la OCDE para aumentar la recaudación. La reforma fiscal llevará el impuesto corporativo al 20% (de casi un 40% actual) y reducirá las contribuciones de las clases medias. Casi el paraíso, pues, ¿quién no querría pagar menos impuestos? No obstante, pues le permitirá recortar el gobierno, es decir, reducir burocracias y programas sobre todo sociales (como el Obamacare) de manera sustancial.
5.Con ello, Trump podrá lograr lo que se pensaba improbable: que los contribuyentes y empresas tengan más dinero en sus bolsillos y tesorerías para gastar e invertir, y que el gobierno, enorme por donde se le quiera ver, se redimensione y organice de otra manera, no para intervenir en la economía sino para “liberarla” en el concepto más radical del conservadurismo norteamericano. A contrapelo de su impopularidad, el gobierno de Trump podría ser uno de los primeros gobiernos que quiere ir por menos dinero de los contribuyentes, algo electoralmente irresistible en las venideras elecciones intermedias de los Estados Unidos. Presupuestívoros, a temblar.
