1.
En unos días dará inicio el tercer periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura al Congreso de la Unión. Uno de los aspectos nodales de la actividad legislativa es la configuración de una agenda de asuntos relevantes para el país y que las fuerzas políticas representadas muestran interés en proponer y eventualmente, aprobar. La primera parte, que es presentar las iniciativas, es relativamente sencilla, proviene del interés político prevaleciente, en tanto que la segunda, lograr la aprobación, no lo es tanto al resultar de la negociación, la búsqueda de acuerdos y la construcción de la mayoría necesaria, según sea el caso.
2.
En el contexto actual, tras las elecciones federales de 2021 se configuró un Congreso dividido en el cual el bloque gobernante no cuenta con la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución, el ambiente político no favorece la conciliación y por ende, ha prevalecido la polarización y el choque de contrarios. Es decir, ante un bloque gobernante se ha erigido un bloque opositor que, con escasos incentivos para negociar se bloquean mutuamente. Lo normal en la vida parlamentaria es que al carecer de acuerdos, se negocie y evite la desaprobación de iniciativas en este caso de reforma constitucional. Siendo el nuestro un régimen presidencial muy concentrado, la cuestión es si las reformas a proponer resultan o no indispensables. Este habrá de ser un primer rasgo prevaleciente en el periodo ordinario en ciernes, el reducido espacio para construir acuerdos.
3.
Es así que en el horizonte legislativo se vislumbran, por el lado del bloque gobernante, la iniciativa de reforma constitucional para que la Guardia Nacional dependa formalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la propuesta de Reforma Electoral, bastante complicada en tanto se trataría de restarle autonomía y recursos al modelo actual sobre el que ha transitado la democracia en los últimos cuarenta años. El grado de discrepancia es tal que el tema electoral se discute en dos Parlamentos Abiertos incomunicantes; uno, organizado por la Cámara de Diputados, en el que se escuchan las voces por limitar y reducir a los órganos electorales; otro, convocado desde el bloque opositor, en el que se expresan quienes consideran la autonomía del órgano electoral como la base de elecciones periódicas, justas y confiables.
4.
En lo que se refiere a las normas cuya aprobación requiere de mayoría simple, el horizonte parece menos complicado para hacer prosperar una iniciativa de la mayor importancia para los ciudadanos, como es la Ley de Ingresos, con su consecuente, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2023. En este sentido, el Presidente de la República, por conducto de la Secretaría de Hacienda, habrá de presentar a más tardar el 8 de septiembre los proyectos respectivos, que deberán aprobarse a más tardar el 15 de noviembre próximo. Contando con el número de legisladores suficientes, la cuestión será correr las formas, que es algo en lo que las entidades federativas y organizaciones públicas y civiles debieran concurrir, pero que, dadas las circunstancias, es previsible ocurra en los términos franciscanos ya anticipados, con números y distribuciones muy parecidos a los actuales.
5.
Para el bloque opositor, la tendencia será resistir la agenda gubernamental, al percibirse abierta la temporada para el relevo constitucional de 2024. En términos de gobernabilidad es posible seguir gobernando sin las reformas constitucionales propuestas. Habrán de plantear, no obstante, la ley reglamentaria del Gobierno de Coalición, necesaria si de modernizar la Presidencia de la República y sumar en el camino se tratara. De no lograrlo, porque el bloque opositor no tiene los números para aprobar, siempre será posible instrumentar un gobierno de Coalición desde la propia Constitución, conformando el pacto político, programa de gobierno y acuerdo de Legislatura procedentes.
