En lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto ha habido por lo menos dos momentos fundamentales en la relación gobierno-sociedad civil, si bien en un primer caso se puede considerar de cierta apertura, en lo general, el sentir de las organizaciones es que esta vinculación se fue deteriorando al grado de quedar fracturada debido a, entre otras cosas, que el gobierno desdeñó las causas o ni si quiera tuvo la intención de escucharlas.
Como parte del tema de portada de esta semana titulado “El ocaso del sexenio, cuando las elites se quebraron”, ejecentral conjuntó la perspectiva de los propios titulares y portavoces de las organizaciones de la sociedad civil para entender a partir de lo que ellos vivieron el cómo fue que durante estos cinco años de la relación entre el gobierno priista y los organismos no gubernamentales se terminó por descomponer los acuerdos y el acercamiento que en un inicio se planteó.
Para Eduardo Bohórquez López, director de Transparencia Mexicana, un primer momento, de apertura, llevó a cumplir los compromisos del segundo plan de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto; a corregir el rumbo en términos de diseño institucional en la política anticorrupción, e incluso en acciones concretas como poner la información de las licitaciones del aeropuerto en formato de datos abiertos.
Sin embargo, tras la elección intermedia de 2015, aunado a los escándalos de corrupción que azotaron a los gobiernos estatales y federal, surgió un segundo momento donde la relación entre el gobierno y las OSC fue tornándose “más tensa, hasta que finalmente, tras la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley3de3, la relación se deterioró notoriamente”.
Fueron los meses en los que se supo del espionaje telefónico a través de sistema “Pegassus”, el inicio de las auditorías fiscales a distintas organizaciones civiles, y miembros de extraordinaria tensión, como con el inicio de los trabajos del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, “derivando en que las diferencias de opinión se convirtieron en descalificaciones, y la segunda etapa de reformas anticorrupción ya no pudo impulsarse”.
El retiro de las OSC de la mesa de la Alianza para el Gobierno Abierto fue tal vez uno de los momentos más tensos de la regulación, consideró Bohórquez López, tras señalar que aunque en muchos temas la colaboración institucional continúa, la relación está “deteriorada y fracturada en muchos temas. Esta tensión alcanzó a deteriorar también la relación con el Congreso, que desistió en su impulso de avanzar en pos de un Parlamento Abierto”.
Desde la óptica de Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, en el tratamiento de gobierno y sociedad civil “se perdió el objetivo cuando se empezó a mezclar mucho la política con la toma de decisiones y eso dañó a final de cuentas tanto al gobierno como a la sociedad civil y en general al país porque al mezclar la política ya dejamos de tener perspectiva de fondo sobre qué es lo importante, si nos dejamos de enfocar en lo que verdaderamente nos motiva que es mejorar este país y lo que se vuelve solamente desde el punto de vista político”.
Si bien reconoció que por parte del presidente Enrique Peña Nieto hubo por lo menos interés en los temas planteados por la sociedad civil organizada, la indiferencia y falta de voluntad por parte de los gobiernos estatales, donde “indudablemente muchos estados nunca les importó el tema de la seguridad solo simularon”, resultaron en la falta de acuerdos por la falta de corresponsabilidad.
“Ni siquiera nos escucharon”
“Un día a inicios de sexenio, nos llamaron para decir que muchas gracias que ya no éramos requeridos y que el Consejo desaparecía desde la llegada del licenciado Jesús Murillo Karam (…) En el sexenio de Calderón este tipo de agrupaciones fueron las que daban la voz de la calle a los funcionarios. Nos escucharon y había una retroalimentación de las propuestas”, acusó Arturo Mattiello Canales, presidente de la asociación nacional de Consejos de Participación Cívica.
Para el doctor Mattiello Canales el haber suprimido los consejos ciudadanos de la Procuraduría General de la República representó un momento clave en la ruptura de la participación de la sociedad civil organizada con el gobierno federal. Debido a que la gestión de recursos para la prevención del delito “privilegiaba a las ciudades que peor estaban”.
Muestra de ello, comentó, fue que en 2014 Mattiello y el alcalde de Los Cabos, Baja California, Antonio Angúndez (PRD), se presentaron ante Roberto Campa Cifrián, entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, para solicitar recursos federales.
“El ayuntamiento había captado un Programa de Prevención de las Lesiones y Violencia de la Organización Mundial de la Salud. Él (Campa) nos dijo: ‘no hay dinero para eso y no hay dinero contemplado para Los Cabos’ y el programa no se concretó. Roberto Campa es ahora secretario del Trabajo y Los Cabos, la ciudad o una de las ciudades más peligrosas del mundo”, explicó.
Mattiello también integró el Consejo Nacional de Seguridad Pública que a su parecer “eran reuniones verticales”; los ciudadanos que integraron el CNSP sólo “llegaban a escuchar los dictámenes que ellos ya tenían preparados”.
“El 911 es un ejemplo. Un día en una reunión leyeron que el número 911 fue propuesta ciudadana de las organizaciones que integrábamos el Consejo. Ninguna asociación la propuso. (…) Entre las organizaciones no había comunicación o tanta cohesión, cuando fue lo del ‘Fiscal Carnal’ ahí sí nos comunicamos y fuimos todos en bloque”.
Peña y “la contracción de libertades”
“Nunca antes en la historia de México se había reflejado tanta violencia contra la prensa como los primeros cinco años de la gestión de Enrique Peña Nieto, donde se documentaron mil 986 agresiones, más de 40 asesinatos y hemos visto como siguen incrementando e intensificando estas agresiones”.
Bajo esta realidad, es que Ana Cristina Ruelas, directora de la oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica, consideró que desde el ámbito de la libertad de expresión en este gobierno sí se generó una ruptura en el ámbito democrático del país, donde “mientras que los mensajeros están siendo asesinados la sociedad empieza a vivir una violencia simbólica constante donde mientras no existan suficientes libertades, ni la suficiente información y la que se recibe es de constante corrupción e impunidad, al final la sociedad empieza a cuestionar a los gobiernos y ver que su espacio de seguridad está totalmente reducido”.
En ese estado de indefensión, advirtió la defensora de la libertad de expresión y los Derechos Humanos que el gobierno de Peña mostró una evidente “contracción de las libertades, del espacio cívico donde participamos, donde nos informamos y donde nos expresamos y en lugar de ello hay una política clara de estado que busca restringir la información que llega a la sociedad”.
“Qué empatía puede haber entre la sociedad y un gobierno, si el gobierno no ve la misma realidad que los ciudadanos vemos. Nosotros nos estamos enfrentando constantemente a la violencia y a la decisión de nuestra seguridad y ellos al revés dicen que la seguridad está ahí, pero pues uno cuando lee esas cosas dices pues dónde viven ellos. Y esto lo digo desde la libertad de expresión pues vemos también cómo este gobierno a pesar de las leyes que se aprobaron en materia de transparencia y anticorrupción, no vemos claramente que estas tengan un reflejo en la vida de los ciudadanos”.
Para Ruelas hay dos momentos del gobierno que inician con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la casa blanca que se dan en muy corto plazo y en suma con todos los hechos consecutivos que se dieron después, como los casos de corrupción que se fueron develando a lo largo del sexenio, que derivaron en que la posición actual desde la sociedad es de que “no queremos voltear hacia atrás y queremos mirar hacia delante, estamos cansados de la impunidad y de la corrupción y creo que la sociedad llega mucho más unida de lo que llegó en 2012 o de lo que estaba definitivamente en 2006”.
“El presidente culmina con una muy mala percepción, que pasa como uno de los gobiernos más corruptos o por lo menos con corrupción comprobada y más impune. El gobierno de Enrique Peña Nieto dejo una deuda muy grande con la sociedad respecto a la violencia al estado de seguridad y esta contracción de libertades. Al final Peña Nieto se quedó con una deuda, una retracción democrática muy grave en la que todos vamos a terminar pagando porque esto no es algo que se acaba el 2 de julio”.
