Francisco Pazos
Esta noche en Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto decidirá si el plan para liberalizar el precio de las gasolinas continúa o se frena temporalmente, ante las condiciones sociales que prevalecen en el país.
Esta definición, que se hará pública hasta el fin de semana, la adoptará el Presidente tras reunirse este jueves con su gabinete, que llega fracturado a la cita y con 40 mil millones de pesos puestos sobre la mesa, que sería lo que el gobierno federal tendría que recortar si el segundo gasolinazo del año se cancela.
En una de las esquinas se ubican los secretarios de Gobernación, Salud y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Miguel Ángel Osorio Chong, José Narro y Rosario Robles, quienes opinan que no es el momento idóneo para continuar ajustando el precio del combustible, debido a las condiciones sociales internas y la incertidumbre en la relación con Estados Unidos, lo que se podría traducirse en una crisis de gobernabilidad.
Pero en la esquina opuesta se ubica el área técnica-financiera del gabinete, encabezados por el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y que plantea que es imposible frenar el calendario de las alzas, establecido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El margen de maniobra es nulo, argumentan, ante la falta de recursos. Para no aplicar el alza, sólo existiría una solución, un ajuste presupuestal de 40 mil millones de pesos al presupuesto.
“La Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) está totalmente debastada”, ha dicho la titular de esa dependencia, Rosario Robles, a la propuesta de recortar el gasto.
El ala económica, encabezada por el secretario de Hacienda y con un fuerte respaldo del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, mantendrá su postura de que, ante la negativa de un recorte presupuestal, no existe otra opción para recaudar los recursos que la venta de combustibles lleva a las arcas federales.
Las secretarías de Salud y la Sedatu tienen una infraestructura que les permite acumular información sobre cuál es el pulso social del país, a través de las clínicas y hospitales, así como de las delegaciones agrarias. Sumado a que Gobernación cuenta con la información que le proporciona el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Policía Federal. A partir de sus propios diagnósticos es que sus argumentos sobre los síntomas reales de ingobernabilidad, no han sido tomados a la ligera por el Presidente.
Con toda la información disponible, Peña Nieto deberá decidir sobre el segundo gasolinazo en apenas unas horas y determinar si los precios máximos para las gasolinas Premium y Magna, y para el diésel se incrementan entre un 5% o hasta un 8%, de acuerdo con la fórmula vigente para la determinación de los precios máximos, misma base que usó la Secretaría de Hacienda en diciembre del año pasado.
De acuerdo con el calendario que determinó la CRE, este mes están contemplados dos ajustes semanales que entrarán en vigor en la madrugada del 4 y 11 próximos; para que, a partir del 18 de febrero, los ajustes al precio de los combustibles se apliquen de forma diaria con base en los precios internacionales.
El consejo de los secretarios que pedirán al Presidente detener el gasolinazo cuenta también con la presión que llega de varios sectores sociales, entre ellos de la Comisión Nacional de Gobernadores que ya se pronunció porque el titular del Ejecutivo considere el malestar social que se extendió en todo el país con la primera alza y cancele la próxima.
La presión con la que llega el Presidente a la reunión con su gabinete también provendrá de las dirigencias nacionales del PRI, su partido, PAN y PRD, que también se pronunciaron en las reuniones plenarias porque el Ejecutivo dé marcha atrás y ponga un freno a la liberalización.
El sector empresarial también fijó su postura antes del cónclave al que convocó ayer Peña Nieto en Los Pinos, en voz del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, que solicitó a la Secretaría de Hacienda que considere aplazar los incrementos programados para este mes.
Ahorcan precios a frontera
Al menos 15 gasolineras ubicadas en la zona fronteriza de Tamaulipas han quebrado por las condiciones de mercado que impuso la Secretaría de Hacienda a los precios de los combustibles en esa región del país.
La Asociación de Gasolineros de la frontera tamaulipeca denunció que el decreto que los obliga a vender la gasolina Magna a un precio mínimo de 12.80 pesos por litro ha comenzado a ahorcar las finanzas de los empresarios.
Como medida de protesta, mil 700 estaciones de servicio ubicadas en la franja fronteriza con Estados Unidos cerraron durante toda la jornada, ante las pérdidas que están mermando sus negocios. Las protestas también se extendieron a Reynosa, en donde un grupo de alrededor de 200 personas se manifestó en un centro de distribución de Pemex en contra del gasolinazo.
En Ciudad Juárez, en donde a partir del 1 de febrero, los precios de las gasolinas Magna y Premium bajaron 30%, también hubo protestas con el cierre de estaciones de servicio ante las pérdidas que dejó el alza en los costos de los combustibles frente a los que están vigentes en Estados Unidos, que son más competitivos.
Pero ha sido toda la semana de manifestaciones en diferentes puntos del país y e anuncian para el próximo fin de semana aún más, que pretenden frenar el segundo gasolinazo del año.
El dato. La SHCP estableció los precios máximos por litro de gasolina en la región fronteriza de México con EU del 1 al 7 de febrero. Los precios bajarán en Mexicali (BC), San Luis Río Colorado y Nogales (Sonora), Ciudad Juárez (Chihuahua), Nuevo Laredo y Reynosa (Tamaulipas).
