La propuesta de modificación de la elección de consejeros y magistrados electorales presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de su iniciativa de reforma electoral pone en riesgo la independencia de los mismos.
El reporte “Ventajas, costos y riesgos de la elección popular de las autoridades electorales en México”, publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, advierte que con dicho cambio se fomentaría el sesgo y parcialidad de las autoridades electorales debido a que estarán guiadas más por los cálculos políticos que por el apego a la legalidad.
“La adopción del voto directo para la conformación de las autoridades electorales no sólo las introduce de lleno en la lucha por el poder, sino que los convierte en juez y parte en las contiendas electorales, lo que podría poner en duda la objetividad de sus resoluciones y eventualmente debilitarlas en el marco de una elección competida”, se alerta.
A través de la integración de las listas de candidaturas a los nuevos órganos electorales, “mantiene la misma lógica de repartición de cuotas entre los partidos políticos en el Congreso de la Unión. Recordemos que estas listas tendrían que ser aprobadas por mayorías calificadas de las cámaras”, por lo que las principales fuerzas políticas impondrían a sus candidatos, se observa.
El autor César Alejandro Giles Navarro también advirtió sobre la preferencia que tendrían las personas propuestas por el Presidente de la República en el proceso de votación, lo que les daría ventaja sobre el resto de candidatos mencionados por los otros dos poderes.
El reporte también abundó sobre la
inequidad en la contienda derivado a que los poderes Ejecutivo y Legislativo podrían intervenir en el proceso electoral y “sus candidatos tendrían mayores probabilidades de ganar en la elección”.
Además, la observancia, aplicación y sanción de las normas electorales podrían dejar de aplicarse con base en cuestiones técnicas y legales y pasarían a regularse a partir de la popularidad y los vaivenes de la competencia política.
El autor también advirtió que someter la designación de las autoridades electorales a la disputa por el poder introduciría una gran incertidumbre sobre las personas encargadas de dirimir la competencia por el poder, “este cambio trastocaría en sus cimientos a un sistema de gobernanza electoral”, advirtió.
También dañaría la confianza que la población ha conferido a los órganos electorales; además, la pérdida de independencia de estas dos instituciones, podría replicarse a otros organismos como el INEGI, INAI, IFT, CNDH e IFT.
Mientras tanto, López Obrador defendió esta mañana que no intenta desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE) ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), e intentó justificar que su propuesta busca cambiar las reglas del juego para evitar que se consumen fraudes electorales, pues aseguró que el órgano electoral está controlado por cuotas de poder y conservadores, los mismos riesgos de los que advierte el estudio.
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