Al ser señalada como una de las principales responsables de la contaminación del aire del estado, la Asociación de Extractores de Caliza de Nuevo León (ASEC), destacó su estricta normativa ambiental y aseguró ser la industria de extracción de caliza más regulada de todo el país.
Mediante un comunicado, la ASEC señaló que durante los últimos 5 años ha invertido más de 600 millones de pesos para cumplir con su estricta normativa ambiental, implementada para controlar y mitigar las emisiones de polvo, además de reiterar que son el primer sector en implementarla.
Además, resaltó que las 30 empresas que integran a la ASEC cumplen con la norma ambiental NAE-001-SDS-2017 y están apegadas a la Ley Ambiental de Nuevo León y su respectivo reglamento.
El organismo, explicó que las plantas cuentan con una zona de amortiguamiento de 2 kilómetros que delimitó el gobierno, ya que las partículas no viajan a mayor distancia. También aclaró que, durante la pandemia de COVID-19 las plantas estuvieron detenidas 2 meses, periodo en el que la contaminación de la metrópoli se disparó a niveles más altos, por lo que las pedreras no serían el único problema de la mala calidad del aire.
Enfatizó que las empresas dedicadas a la extracción de caliza generan más de 150 mil empleos directos y el 9% de las fuentes de trabajo de Nuevo León está ligado directamente al sector de la construcción e indirectamente a la industria de la caliza.
Además, mencionó que las pedreras de Nuevo León, así como productoras de arena y grava, son indirectamente fundamentales en la construcción de calles, banquetas, casas, hospitales, escuelas parques y todo lo que tiene lo que tiene que ver con construcción, movilidad, infraestructura y mucho más.
“Impuesto verde”
Cabe recordar que el gobernador Samuel García acusó que las pedreras cobraron el impuesto verde sin haberlo reportado a la Tesorería, sin embargo, el gremio aseguró que actualmente se paga un impuesto por la extracción establecido por el Gobierno del Estado y la repercusión o beneficio de ello son su responsabilidad.
En ese sentido, las empresas pedreras acusaron ser utilizadas para desviar la atención de los verdaderos problemas que afectan al estado en la actualidad.
“Las empresas de la industria de la caliza no han robado ningún impuesto y realizaron el pago en tiempo y forma de acuerdo a la Ley. El impuesto a la extracción es recaudatorio y con muy poca claridad sobre las reglas que se establecieron con excepciones administrativas a discreción y sin un piso parejo para el sector”, aclararon.
