Será coincidencia, pero en los pasillos secretos del Palacio Nacional ya se comenta que el retiro de María Estela Ríos González, de la segunda terna presentada por el titular del Ejecutivo federal al Senado para la designación de la ministra de la Corte no solamente fue producto de una estrategia política para garantizar una designación de probada lealtad, sino que también resultó de una historia que arranca con una pequeña y grave omisión.
¿Se acuerda usted del meganegocio que representaría para México la compra de las plantas generadoras de energía de Iberdrola? Pues resulta que, en la revisión del contrato de compra-venta de estos activos, el equipo legal del gobierno mexicano dejó pasar de largo un párrafo que obligaría al comprador a asumir los pasivos generados por el vendedor dentro de los seis meses previos a la firma del contrato. Y como el diablo está en los detalles, nuestras fuentes, que caminan de manera discreta en los pasillos del Palacio, nos han confirmado que este resbalón contractual ya tuvo serias consecuencias y ahora la hacienda pública enfrenta una contingencia que ascendería a 9 mil millones de pesos.
Nos han dicho nuestros confidentes con acceso al Palacio Nacional que el presidente Andrés Manuel López Obrador está muy molesto con la consejera jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos González, por no haber identificado a tiempo una contingencia que hoy ya se ha convertido en una carga que se suma a la estimación de un probable sobreprecio del 15% en la compra de estas plantas. Y no es para menos, en tiempos en los que hay prioridades, como el rescate de Acapulco, la pérdida de recursos tan cuantiosos puede sacar de quicio hasta al más apacible.
›Ausencia. Una de las promesas del Frente Amplio por México era que se incluiría a la sociedad civil en la selección del candidata y en la confección del proyecto de gobierno. Sin embargo, la ciudadanía sólo quedó representada por Margarita Zavala, quien será el enlace con los organismos civiles. Predominan los viejos partidos.
