Las participaciones federales, recursos provenientes de la recaudación de impuestos y que el gobierno central distribuye entre estados y municipios, se ha convertido en el rubro con los presuntos desvíos más cuantiosos en los últimos ocho años.
En su más reciente informe sobre la revisión a la Cuenta Pública 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que los gobernadores y presidentes municipales no lograron comprobar el correcto uso de 9 mil 857.5 millones de pesos.
Esta cifra representa el 33.1% de los 29 mil 765 millones de pesos que están pendientes de recuperar en toda la administración pública federal durante el cuarto año de gobierno del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con el reporte de 2022 ya suman 41 mil 086 millones de pesos los recursos provenientes de las participaciones federales, que se han gastado de manera irregular y que los gobiernos locales no han logrado solventar en lo que va del actual sexenio.
Esos 41 mil millones, que son equivalentes al 50% del costo que tuvo la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles —valuado en 80 mil millones de pesos—, representan la cuarta parte del total de anomalías identificadas por la ASF en los primeros cuatro años de la presente administración y que ascienden a 159 mil 809.6 millones de pesos sin solventar.
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Las participaciones federales, también conocidas como gasto federalizado no programable, son parte del Ramo General 28 y se asignan a los gobiernos locales en términos de la Ley de Coordinación Fiscal y de los convenios de colaboración administrativa.
El gobierno federal transfiere estos recursos a través de diversas vías: el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el Fondo de Fiscalización y Recaudación y el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, entre otros.
En 2022 fueron ejercidos 917 mil 232.6 millones de pesos por concepto de participaciones federales, de los cuales 201 mil 770.7 millones se canalizaron a municipios y 715 mil 461.9 entre gobiernos estatales. El total de participaciones federales representó ese año el 45% de los dos billones de pesos que integraron el gasto federalizado.
La tendencia de los gobiernos locales a no justificar adecuadamente el uso proveniente de la recaudación fiscal federal comenzó en 2018, último año de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, cuando se reportaron inconsistencias por 59 mil 686.4 millones de pesos.
Para 2018, el entonces candidato presidencial de Morena y puntero en las encuestas ya había anunciado que, en caso de ganar las elecciones, le quitaría a los gobiernos estatales el control del gasto social proveniente del gobierno federal y que, en su lugar, nombraría a un coordinador federal para repartir los apoyos entre la población.
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