MADRID, España.- El Parlamento catalán abrió este viernes una sesión para debatir la proclamación de la independencia, un hecho sin precedentes en la democracia española y un reto para la Unión Europea, mientras en Madrid el Senado preparaba la intervención de la autonomía.
“Constituimos la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social”, explica la resolución a debate, presentada por una heteróclita coalición de nacionalistas.
Ese texto ya fue firmado simbólicamente el 10 de octubre por los diputados de la mayoría independentista de la cámara catalana. Su entrada en vigor fue suspendida para entablar negociaciones con Madrid, pero tras un duro pulso que ha puesto a la región al borde de la inconstitucionalidad, los diputados independentistas (72 de 135) se disponían a dar el salto a lo desconocido. El debate se inició con duros discursos de la oposición para intentar frenar todo el proceso. “Ustedes son unos inconscientes”, clamó la diputada Eva Granados, del opositor Partido Socialista. “No tiene ningún sentido crear un pequeño Estado al margen de todo, sin ningún reconocimiento, empobrecido fracturado y sin futuro”, advirtió. Es “un día negro para la democracia”, añadió Alejandro Fernández, del Partido Popular, que gobierna España. Cataluña fue junto al País Vasco la primera comunidad española en proclamar su autonomía, como establecía la Constitución, en diciembre de 1978.
‘Cargado de razones’
En Madrid, paralelamente, el presidente del ejecutivo español, Mariano Rajoy, pidió al Senado, donde su partido tiene la mayoría absoluta, poderes extraordinarios y temporales. Con esos poderes en mano, Cataluña perderá su autogobierno de forma temporal, una medida también sin precedentes en esas cuatro décadas de democracia. “Este procedimiento se inicia cargado de razones”, ante un ejecutivo catalán decidido a la secesión y que con ello “afecta a la economía, y muy mal”, declaró Rajoy, después de que unas mil 500 empresas sacaran su sede social de Cataluña ante la incertidumbre reinante. El mandatario anunció que quiere poder destituir al presidente independentista catalán, Carles Puigdemont, y a todo su gobierno, lo que provocó una fuerte salva de aplausos. Igualmente, “la facultad de disolver el Parlamento de Cataluña pasará al presidente, que debe convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses. Ya les adelanto que mi voluntad es celebrarlas lo más pronto posible”, añadió Rajoy, en referencia a la principal medida del artículo 155 de la Constitución española. El desenlace de la votación en el Senado era inevitable, mientras que en Barcelona el desarrollo de la sesión parecía aún confuso, puesto que la resolución fue presentada, sin estar claro si iba a ser votada o simplemente proclamada.
Puigdemont debilitado
El jueves la situación estuvo a punto de encaminarse de manera muy diferente, cuando Puigdemont amagó con un adelanto electoral como vía de salida. El dirigente no dio finalmente el paso, y acusó a Rajoy de no haberle dado garantías de que, en caso de elecciones anticipadas, no intervendría la autonomía catalana. Debilitado por las presiones de todos los lados, Puigdemont, de 54 años, un exalcalde de arraigadas convicciones independentistas, prefirió devolver la palabra al parlamento catalán. Según Puigdemont, el parlamento, de mayoría separatista, es el “depositario” del resultado del referéndum del 1 de octubre, declarado ilegal por la justicia. Pese a ello, el gobierno regional lo da por válido, asegurando que hubo un 90% de síes a la secesión y una participación del 43%, en una Cataluña profundamente dividida en cuanto al proyecto independentista. Las autoridades catalanas invocan el derecho a la autodeterminación, contemplado en la ONU, y el gobierno central recuerda que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y no en una parte del mismo. Rajoy ha ganado claramente el apoyo internacional, mientras que Puigdemont cuenta con una poderosa capacidad de movilización en las calles. Hasta ahora esas movilizaciones han sido pacíficas. El gobierno central tiene por su parte a miles de policías desplazados en territorio catalán. Cataluña representa casi el 20% del PIB español. Con 7.5 millones de habitantes, es uno de los motores económicos de España. Momentos de dramatismo La sociedad catalana se ha ido fracturando con los años de protestas y manifestaciones masivas. Unas elecciones no arrojarían un resultado muy diferente del actual, predicen las encuestas. La aplicación del artículo 155 es por otro lado un desafío porque implica gestionar a más de 200 mil funcionarios catalanes. Asociaciones independentistas ya han anunciado un boicoteo a ese control por parte de Madrid, y la extrema izquierda está dispuesta a movilizarse. En medio quedan los catalanes que no quieren ni la independencia ni la intervención. “Siempre dividirnos y fragmentarnos nos debilita, y siempre a los más fuertes les es más fácil imponernos sus medidas” declaró a la AFP Núria Suárez, portavoz de la asociación de izquierdas Recortes Cero. (Foto: Lluis Gene/AFP). DA
