Al determinar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que las personas en prisión preventiva, con base en la presunción de inocencia también tienen derecho a votar, se abre también la posibilidad de salvaguardar el derecho a la identidad de las personas que se encuentran en ese estado de vulnerabilidad.
Esta sentencia representa una gran oportunidad para migrar a una evolución y progresividad en la interpretación de los derechos humanos de las personas.
El derecho a la identidad como todo derecho humano, es universal, no caduca, es único, irrenunciable, intransferible e indivisible y constituye el derecho primigenio que se convierte de manera automática en la llave de acceso a otros derechos esenciales como el derecho a la salud, a la educación, a la protección y a la inclusión en la vida económica, cultural y política del país para cualquier persona.
Actualmente las personas recluidas tienen suspendidos sus derechos político electorales, no pueden votar ni ser votados, no tienen derecho a contar con una identificación oficial vigente que cuando salgan de prisión les permita reinsertarse en la sociedad y tomar decisiones en los asuntos públicos de nuestro país.
De acuerdo con el informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de junio de 2022 relativo a la población privada de la libertad, en las 289 cárceles que hay en México, se encuentran recluidos 92 mil 595 personas sin que a la fecha hayan recibido sentencia, esto representa el 40 por ciento de los 226 mil 916 presos que hay en el país.
En la actualidad, se discute en el Congreso un paquete de reformas Constitucionales y legales en materia electoral, en las que las y los legisladores deberán incluir reformas a nivel federal, estatal y municipal que garanticen que todas las personas en prisión preventiva, gocen del derecho a votar y a tener una identidad.
El reconocer el derecho al voto activo a las personas recluidas, será un incentivo también para que los partidos políticos a través de las plataformas electorales y programas de gobierno, resuelvan incluir sus necesidades y las de sus familia en sus plataformas electorales y programas de gobierno, lo que sin duda favorecerá a esta sector de la población.
Promover la educación cívica y la observación electoral en estos centros penitenciarios será un gran reto y un tema importante a considerar en la reforma.
Se deberán aprovechar nuevos mecanismo para la recepción de la votación en los centros penitenciarios a través de correspondencia, el voto por internet o el voto en urna electrónica.
El tema presupuestal será un factor fundamental para garantizar el derecho a votar y de identidad de las personas que se encuentran recluidas en los centros penitenciarios.
Sin duda, el voto representa el ejercicio político más importante para la vida democrática de un país y llevarlo a los centros penitenciarios implica un reto titánico que pondrá a prueba al INE, al Gobierno Federal y al Congreso con la democracia.
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