El pasado 3 de octubre se anunció que en México entró la tercera fase del nuevo Sistema de Justicia como parte de las reformas Constitucionales y legales en materia laboral publicadas el 1° de mayo de 2019 y de la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Esta reforma prometedora para muchos, ofrece abatir y resolver en menos tiempo el rezago de juicios laborales que al día de hoy existe en nuestro país, con la creación de Tribunales Laborales especializados dependientes del Poder Judicial, mediante la conciliación y juicios ordinarios que se desahogarán en dos audiencias; con el sistema oral y en presencia de un juez, es decir, ahora si serán expeditos, según las pretensiones de la reforma.
Actualmente un juicio ordinario - si les va bien - tarda en resolverse 4 años aproximadamente, derivado de las prácticas dilatorias de litigantes sin ética, coyotaje y el modelo corrompido en el procedimiento judicial.
Con el nuevo sistema de justicia laboral, pretenden reducir a 4.5 meses aproximadamente el tiempo para emitir una sentencia definitiva. Esto sería sin duda un gran logro, pero ¿Qué pasará con el gran rezago de juicios que actualmente no se han resuelto en las Juntas y siguen pendientes de sentencia o de ejecutarse?
De acuerdo con la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene un rezago de 1.5 millones de juicios que siguen pendientes y que pretenden sacar ahora en esta tercera fase.
Sería muy oportuno que dichas dependencias tomen algún criterio de prelación para la atención de los asuntos, como la antigüedad de los juicios, pues considero que sería una medida efectiva para dar celeridad a la tramitación judicial del rezago laboral.
Sin duda, no será un tema fácil. El desafío de la reforma laboral es un reto gigantesco que implica no sólo cambiar la norma y procesos, sino también requiere de la inversión de recursos para garantizar la operación del nuevo modelo de justicia y más aún contar con los recursos suficientes para hacer frente a dicho rezago.
De acuerdo con el Paquete Económico 2023, el presupuesto para la operación del nuevo modelo de justicia laboral en México, tendrá el próximo año una inversión 10% superior a la autorizada para 2022, lo que implicará automáticamente un aumento en el Presupuesto solicitado por la Secretaría del ramo para su operación.
Las nuevas reformas laborales son prometedoras, pero tendrán que probarse en la práctica e irse ajustando poco a poco para erradicar este agotado e inoperante sistema de justicia laboral obsoleto que aún subsiste.
Ojalá que las nuevas reglas del juego garanticen la tan prometida “justicia pronta y expedita” a favor de la fuerza laboral en nuestro país.
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