El pasado 10 de enero de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el primer instrumento vinculante en el mundo que recopila y estandariza los derechos humanos de las personas mayores.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por México en Washington D.C., Estados Unidos de América el 15 de junio de 2015, obliga a los Estados parte a incorporar y dar prioridad al tema del envejecimiento con perspectiva de género, así como a destinar y gestionar los recursos humanos, materiales y financieros para lograr una adecuada implementación y evaluación de las medidas adoptadas.
Las pensiones de adultos mayores que actualmente se otorgan a las personas de 60 y más años a partir de la reforma al artículo 4° de la Constitución Política Federal en 2020, y demás políticas públicas que otorgan beneficios en materia de movilidad, salud, cultural, etc, constituyen acciones que aminoran las condiciones de desventaja social y vejez precaria en la que se encuentra este sector vulnerable de la población.
Sin embargo, si bien estas acciones coadyuvan en mejorar su calidad de vida, lo cierto es que no ha sido posible atender y garantizar a toda la población mayor sus derechos humanos, pues nuestro país enfrenta actualmente un proceso de envejecimiento de sus habitantes, debido al aumento en la proporción de personas de 60 años o más y la disminución de la población infantil y joven, siendo las mujeres las que representan el mayor número de personas mayores y las que se encuentran en mayor desventaja social.
De acuerdo al último censo del INEGI del 2020, la población de 60 o más años asciende a 15.1 millones de personas de 60 años o más, lo que representa el 12 % de la población total del país. Se estima que para 2030 las personas adultas mayores representarán el 15 % de la población y en 2050 esta población representará el 23 %; es decir, llegue a 33.3 millones.
Los estados con la mayor concentración de personas adultas mayores son el estado de México, con poco más de 1.9 millones, la Ciudad de México con 1.5 millones, Veracruz con 1.2 millones, Jalisco con cerca de un millón; Puebla con 745 mil 419, Guanajuato con 681 mil 374 y Nuevo León con 654 mil 050.
Este fenómeno demográfico es relevante y constituye la principal motivación para celebrar que México sea parte de la Convención Interamericana y permita en el marco de la cooperación internacional, impulsar medidas legislativas, administrativas, judiciales y presupuestarias, a fin de prevenir, sancionar y erradicar el aislamiento, sujeción, abandono, discriminación, maltrato y negligencia en el que se encuentran una gran parte de las personas mayores en México y garantizar su seguridad física, económica y social.
Lo anterior resulta relevante, porque en los próximos años no sólo habrá más adultos mayores, sino que también ellos vivirán más años como consecuencia del incremento de la esperanza de vida que se prevé pase de 75.2 años en 2020 a 79.6 años a mediados de siglo, con diferencias significativas entre hombres y mujeres.
En cuanto a la población de 60 y más años no económicamente activa, el 59.5 % se integró mayoritariamente por mujeres quienes suman cerca de 6 millones (66 %) y los hombres 3 millones (34%); es decir, por cada hombre que no participaba en el mercado laboral hay dos mujeres en la misma situación, circunstancia que obedece al sesgo que históricamente ha subestimado el trabajo femenino, sin asegurarles sus derechos a una vejez digna.
La gama de derechos reconocidos en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores reconoce derechos a la igualdad y no discriminación por razones de edad; derecho a la vida y a la dignidad en la vejez; derecho a la independencia y a la autonomía; a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia; a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud; a recibir servicios de cuidado a largo plazo; a la seguridad social; al trabajo; a la educación, cultura, recreación, esparcimiento, deporte, propiedad, vivienda, a un medio ambiente sano, movilidad y acceso a la justicia, entre otros.
Por lo tanto, se requerirá que se armonicen las normas jurídicas de nuestro país en los tres órdenes de gobierno —municipal, estatal y federal—, para garantizar la progresividad de estos derechos, así como adecuar los procesos y capacitar a los servidores públicos para su efectiva aplicación.
Sin duda, la adhesión de México a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, representará un gran avance normativo sustantivo en el desarrollo de nuevas políticas públicas a favor de las personas adultas mayores en nuestro país.
