Los bancos de alimentos juegan un papel importante en la lucha contra la inseguridad alimentaria. Estos organismos tienen por objeto recibir en donación alimentos para almacenarlos, preservarlos en buenas condiciones de calidad e higiene y distribuirlos sobre todo a los que menos tienen, y así contribuir a satisfacer las carencias alimentarias de la población de escasos recursos.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados entre los Bancos de Alimentos (sociedad civil), las empresas y el Gobierno para aminorar los efectos del hambre en nuestro país, se carece de una legislación a nivel nacional que permita asegurar una coordinación institucional entre la Federación y las entidades federativas para fomentar, promover, orientar y regular la donación altruista de alimentos para consumo humano, fomentar el aprovechamiento y donación altruista y evitar el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena de valor.
De acuerdo con cifras del Banco Mundial, en México existen más de 28 millones de personas que se encuentran en la inseguridad alimentaria cuando más de 23.7 millones de toneladas de alimentos aprovechables y aptos para consumo humano se pierden o desperdician a lo largo de toda la cadena de valor.
La alimentación es un derecho humano universal y se encuentra consagrado en el artículo 4°, de nuestra Constitución, lo que significa que todas las personas tienen el derecho a mantenerse libres de hambre y tener acceso en todo momento a una alimentación de calidad. A pesar de ello, de acuerdo con cifras de la FAO, el 3.7 % de la población total en México enfrenta inseguridad alimentaria severa.
Lo anterior significa que tres de cada 10 personas presentan algún grado de inseguridad alimentaria, por lo que continuamos con brechas amplias de desigualdad y altos niveles de pobreza en México.
La FAO advierte que una dieta saludable cuesta mucho más de 1.90 dólares por día, que es considerado el umbral internacional de la pobreza, el informe indica que el precio de la dieta saludable menos costosa es cinco veces mayor que el precio de llenar el estómago sólo con almidón, por lo que se estima que al menos 3 mil millones de personas no pueden permitirse una dieta saludable.
En el mes de abril de 2022, el Senado de la República aprobó en Comisiones una iniciativa para crear la Ley General de Alimentación Adecuada, la cual tiene como propósito reglamentar el derecho humano a la alimentación y promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho. Además busca fomentar la producción, abasto, distribución y consumo de alimentos inocuos, nutritivos y de calidad.
Esta iniciativa también involucra temas como la regulación de precios en productos que constituyen la canasta básica alimenticia y señala la necesidad de transformar el sistema alimentario para lograr sostenibilidad en los ámbitos sociales, ambientales y económicos.
Estos esfuerzos legislativos junto con las políticas públicas integrales, deben de aprobarse a la brevedad para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de los mexicanos. Todas las personas de manera individual o colectiva en cualquier momento deben gozar de disponibilidad de alimentos para su consumo diario y satisfacer sus necesidades fisiológicas en todas las etapas de su ciclo vital, que les posibilite su desarrollo integral y una vida digna, de acuerdo a sus necesidades de género, edad, raza, o condiciones de salud.
Asimismo, una vez aprobada dicha iniciativa, se requerirá realizar una revisión integral del Presupuesto de Egresos con base en la legislación y políticas públicas de los programas que el Gobierno implemente, para garantizar y hacer efectivo el derecho a la alimentación.
Necesitamos que México aplique medidas extraordinarias, inmediatas, urgentes, e integrales y de corto, mediano y largo plazo para mejorar las condiciones alimentarias en nuestro país y revertir esta tendencia negativa en materia de salud pública.
