Actualmente algunos legisladores y autoridades se han pronunciado a favor de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación, sean electos por la ciudadanía. Sí, a través del voto popular secreto y directo de los mexicanos, se propone llevar su designación a las urnas para garantizar su imparcialidad e independencia.
La propuesta ha sido respaldada por el Ejecutivo Federal, quien ha señalado que el Poder Judicial está secuestrado y que deberá realizarse una consulta popular a efecto de que decida el pueblo si se realiza una reforma Constitucional para elegir a los ministros de la Suprema Corte.
Recientemente, también fue presentado en el Congreso de la Unión, un paquete de iniciativas para proteger la independencia y autonomía del Poder Judicial ante presiones y amenazas y evitar que sean reconvenidos los magistrados y ministros del Poder Judicial por sus decisiones.
Actualmente el Presidente de la República designa a los jueces federales, con la aprobación del Senado de la República, en una especie de fórmula de colaboración de los poderes Ejecutivo y Legislativo para incidir en la conformación de los integrantes del Poder Judicial.
Para alcanzar el Estado de Derecho, es indispensable que existan órganos jurisdiccionales autónomos, con funcionarios independientes, seleccionados objetivamente y bien calificados desde el punto de vista técnico-jurídico, pero de igual manera en su actuar ético y moral.
La designación de los funcionarios judiciales a través del voto libre, secreto y directo de los ciudadanos, debe estar basada en criterios objetivos y procedimientos establecidos por la ley, que garanticen que las y los aspirantes que habrán de ponerse al escrutinio de la ciudadanía, cuenten con una carrera judicial, —mecanismo que ha servido como un catalizador de la función jurisdiccional—, y que permita garantizar su experiencia, profesionalismo, y sobre todo autonomía e independencia.
No se puede perder de vista que el someter al Poder Judicial a votación directa de la ciudadanía, implica realizar más procesos electorales, pudiendo provocar en la ciudadanía mayor hartazgo, y en consecuencia un alto abstencionismo. Lo estamos viendo con los procesos de participación ciudadana, donde a la ciudadanía poco le interesa intervenir en los asuntos de su comunidad. De ahí la importancia de generar mecanismos de elección más ágiles, considerar las urnas electrónicas que permitan eliminar costos y otorgar confianza a la ciudadanía al emitir su voto.
Se deberán blindar los procesos electorales para que no intervengan los partidos y otro tipo de organizaciones, evitar los apoyos a modo para tener a sus propios jueces, lo que generaría impunidad y nula autonomía.
Se tendrán que diseñar mecanismos de fiscalización de los recursos y su procedencia, establecer los procedimientos en cuanto a la participación de jueces o magistrados que actualmente han ocupado un cargo en el Poder Judicial y que deseen participar para ser electos, ahora en las urnas.
No podemos perder de vista que deberán instrumentarse mecanismos para su ratificación, o promoción a cargos superiores de aquellos juzgadores que se hayan desempeñado de manera excepcional frente a los asuntos que les fueron asignados, pero también sobre su remoción y en todos ellos, la ciudadanía tendrá que intervenir.
Tal vez valdría la pena analizar si será necesario una especie de Consejo Ciudadano, conformado por reconocidos ex ministros, ex magistrados y ex jueces de honorable reconocimiento, imparciales y con alta ética, para que previo a su registro, realicen una valoración exhaustiva de los perfiles de las y los candidatos, los criterios jurisdiccionales adoptados por estas y estos, para calificar su honorabilidad, congruencia, honestidad y su estricto apego al Estado de Derecho en el desempeño de su cargo.
Sin duda no es una decisión que solo implique una reforma a la Constitución Política; deberán reformarse otras leyes secundarias y establecerse mecanismos y procedimientos objetivos, que garanticen la independencia de los juzgadores y el verdadero combate a la impunidad.
