Actualmente la edad mínima para ser diputado federal de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política Federal es de 21 años cumplidos al día de la elección y 35 años para ser Secretario de Estado.
El día de ayer, la Cámara de Diputados aprobó reformas a los artículos 55 y 91 de la Constitución Federal para reducir de 21 a 18 años la edad mínima para ser diputado federal y de 30 a 25 años para ser secretario de Estado.
Dicha reforma fue aprobada por unanimidad de votos con 438 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, lo que representa un gran impulso legislativo a la juventud para aprovechar el talento de las y los jóvenes que deseen y tengan la vocación de servir a nuestro país.
Actualmente los derechos político-electorales se adquieren al tener la mayoría de edad, pues además de contar con la condición de ciudadanos, que es lo que permite a los jóvenes participar en los asuntos públicos del país, ahora con esta reforma aprobada, les dará acceso a ejercer sus derechos plenos al ser votados para ocupar un cargo de elección popular y acceder al Gabinete legal de la Presidencia de la República.
La juventud siempre ha sido excluida por motivos de apariencia, inexperiencia o formas de pensar y actuar. A menudo son discriminados con grandes limitaciones o dificultad para acceder a un empleo bien remunerado por falta de experiencia, a obtener un crédito para emprender un negocio, adquirir una vivienda, o acceder a espacios de decisión en el ámbito público.
Los jóvenes han demostrado que cuando hay oportunidades en las que pueden apoyar sin ninguna limitación de experiencia, edad, nivel económico o educativo, participan, se comprometen y solidarizan para mejorar su entorno.
Sus intervenciones y debates en los Consejos Estudiantiles y ahora en los asuntos vecinales donde se ha incrementado el nivel de su participación, han dejado importantes aportaciones, incluso, mayores a las que actualmente las personas legisladoras realizan en los Congresos.
Para que una sociedad se califique como igualitaria, no sólo se requiere garantizar el ejercicio de los derechos de todas las personas, sino generar acciones afirmativas para que quienes pertenezcan a grupos históricamente discriminados tengan un acceso efectivo a las mismas oportunidades de desarrollo político, económico y social respecto del resto de la población.
Por ello, considero muy acertado el impulso legislativo a la juventud promovido desde la Cámara de Diputados, que sin duda, permitirá que sean ellos, los que encabecen su propia agenda legislativa, mejoren sus posibilidades de desarrollo e instrumenten a través de la legislación, formas más efectivas de participación y representación que les asegure involucrarse de una manera más natural, en la toma de decisiones de los asuntos propios de su entorno como son los Consejos Estudiantiles, en los debates escolares y ahora a través de los instrumentos de democracia directa que la legislación establece para que los menores de edad presenten y propongan proyectos para el presupuesto participativo y mejoren el entorno donde viven.
Adicional a estas acciones afirmativas a favor de la juventud, es indispensable que las instituciones de todos los poderes y órdenes de gobierno, adopten y ejecuten acciones coordinadas bajo una visión de igualdad y no discriminación, que actúen con perspectiva de juventud, a través de la cual se puedan eliminar las barreras en el ejercicio de los derechos y se dé impulso a la población juvenil a partir de cualquier tipo de desventaja que pudiera generar el pertenecer a un cierto sector de la juventud, una determinada clase social, vivir en un espacio geográfico específico o bien, tener cualquier otra condición o característica personal o de grupo.
Hay evidencia de que una nación que no invierte en sus generaciones jóvenes, cierra sus posibilidades de desarrollo y cancela su viabilidad como país. Enhorabuena por considerar a los sectores juveniles como sujetos activos y no pasivos de las acciones y toma de decisiones de lo público.
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