En México, las niñas y adolescentes representan el 49.34% de la población total entre los 0 a los 17 años[1]; Sin embargo, en el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la Niña” que anualmente se celebra el 11 de octubre, debemos reconocer que existen grandes desafíos para nuestro país en materia de protección de sus derechos.
El pasado 31 de diciembre del 2021, se publicó en el DOF el Decreto por el que el Titular del Ejecutivo Federal aprueba el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONAPINNA) 2021-2024, el cual contiene las acciones prioritarias del gobierno federal para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia en nuestro país.
El PRONAPINNA, es un programa de carácter especial que deriva del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, y responde al mandato establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Sin embargo, a pesar de que los programas contienen acciones y estrategias puntales para la atención de las desigualdades de este sector de la población y de los esfuerzos legislativos impulsados desde el Congreso Federal y los Estados, existen pendientes que deberán atenderse a la brevedad, para asegurar y garantizar el pleno ejercicio, respeto y protección de los derechos de las niñas y adolescentes en nuestro país.
Desde su nacimiento, las niñas son víctimas de una discriminación estructural que afecta gravemente su desarrollo. Los estereotipos de género, la discriminación, la invisibilización, el acoso, la desigualdad y violencia ejercida contra las niñas por el simple hecho de ser mujer, afectan sus derechos a la educación, bienestar físico y mental y a la protección necesaria para crecer fuertes, líderes, seguras y desarrollar su potencial en igualdad de circunstancias que el resto de la sociedad.
Lamentablemente en México, la violencia en contra de las niñas sigue normalizándose. El 70% de las menores de 15 años y más, sigue experimentando al menos una situación de violencia y la violencia psicológica es la que más se ejerce en su contra.[2]
Le sigue la violencia sexual con el 51.6%, la violencia física con 49.7%, y el 41.8% ha experimentado algún incidente en la infancia.
Otro dato importante, es que a pesar de estar prohibido el trabajo infantil en México, hay 1.3 millones de niñas de entre 5 y 17 años incorporadas al mercado laboral con pocas posibilidades de desarrollo, lo que evidentemente repercute en su deserción escolar y la imposibilidad de continuar con sus estudios. [3]
En México, el 6.1% de las niñas de 8 a 11 años que residen en zonas rurales no saben leer ni escribir. Para el caso de las comunidades urbanas, la cifra se reduce a 2.7%; lo que evidentemente impide que las niñas y adolescentes crezcan y se desarrollen fuertes y seguras.
En la actualidad, 31 Estados de la República prohíben el matrimonio infantil y a pesar de ello, continúan realizándose las uniones libres de menores y venta ilegal de niñas y adolescentes para su explotación, porque en mi opinión, faltan políticas públicas focalizadas que atiendan las causas y el origen del problema.
Es evidente que México tiene un gran reto y debe seguir avanzando en la protección y consolidación de los derechos de las niñas y adolescentes, pues hoy en día, siguen padeciendo la desigualdad por el simple hecho de ser mujer.
Las niñas y adolescentes han demostrado que al garantizar sus derechos,
facilitar las herramientas y oportunidades, ellas mismas impulsarán su progreso y
crecerán líderes, capaces de influir en su entorno para seguir avanzando. Por lo tanto, proteger el interés superior de las niñas y adolescentes debe seguir siendo una prioridad para nuestro Gobierno.
[1] INEGI 2021.
[2] Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021.
[3] Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (INEGI)
