Desde el primer día del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se realizó un cambio estratégico en el aparato de seguridad. Con la absorción de la Secretaría de Gobernación de la de Seguridad Pública Federal, el control de la inteligencia criminal pasó a manos de quien maneja la política. No se quedó en teoría. En el desmantelamiento que comenzó a hacer del monstruo tecnológico de información criminal que era aquella dependencia, el primer comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, el CISEN se quedó con lo que mejor se le acomodaría a sus objetivos de mediano y largo plazo: el equipo de interceptación de comunicaciones.
El cambio fue monumental: las herramientas para la inteligencia criminal y su uso para combatir a los grupos delincuenciales, comenzaron a ser utilizadas con fines políticos, al ser empleadas para el espionaje telefónico de miembros del gabinete, jueces o periodistas, de acuerdo con una relación de números intervenidos de la cual se tiene una copia. El cambio de esos sistemas de intervención llevaban consigo una licencia legal. Para poder interceptar un teléfono, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, necesitaba pedir la autorización al juez y probar que era relevante para una investigación criminal. En el CISEN no. Bajo el manto de la seguridad nacional, el CISEN puede hacerlo al margen del Poder Judicial.
No se sabe cuántos teléfonos de actores políticos y sociales, de agentes económicos o periodistas, tiene interceptado el CISEN, pero la sábana con los números, que corresponde a un periodo específico este verano, muestra un enorme abanico de intervenciones. De acuerdo con el documento, hubo 729 intervenciones telefónicas, aunque una decena de personas espiadas aparece con números adicionales. Hay una serie de nombres de personas que no son públicas o empresas de seguridad, comercializadoras, de asistencia pública e inclusive de una televisora. Pero también, sin saberse el nombre pero sí en dónde se contrató la línea, un teléfono registrado por el Consejo de la Judicatura Federal. En cuestión de nombres, hay varias líneas intervenidas que fueron contratados por Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, y los teléfonos celulares de la afamada conductora de radio Carmen Aristegui, y de quien esto escribe.
La forma como buscaron entrar en esos teléfonos, de acuerdo con expertos consultados, es a través de un software malware, que es un código maligno que se infiltra en los dispositivos mediante el cual se pueden emitir mensajes de texto. Un modelo clásico de estos mensajes puede decir, con un lenguaje que parecería el de una persona con quien se tiene amistad, que “unas personas extrañas se presentaron en su casa”, por lo que le envían un enlace para ver la fotografía. Lo que permite ese enlace, que nunca abre, es que el virus se meta al teléfono y permita dos objetivos: la escucha y el análisis de la red de vínculos que se encuentra en el aparato, a fin de poder determinar su abanico de amigos y conocidos que permitan, construir sus relaciones.
¿Cuál es el objetivo que buscan con las intervenciones? De acuerdo con los nombres en la sábana, puede ser multipropósito. Varios números, como los del Secretario Navarrete Prida, están registrados en el estado de México, así como también aquél que figura a nombre del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Podría haber una operación de espionaje contra algunos mexiquenses originado por el segundo grupo político más fuerte dentro del gabinete? Es una hipótesis, dado que el CISEN lo dirige Eugenio Imaz, quien aunque no nació en Hidalgo, ha trabajado muy de cerca con dos prominentes hidalguenses, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el ex Procurador General Jesús Murillo Karam. ¿Qué buscan con los comunicadores? Si uno se atiene a un patrón de comportamiento de algunos funcionarios federales para con ellos, se puede interpretar que lo que se pretende es intimidarlos.
Hay varias empresas de seguridad privada con números interceptados, incluida ADT, que es una de las firmas más contratadas por personas públicas para sistemas de seguridad y circuito cerrado de televisión en sus casas y oficinas. Hay otros sin aparente sentido, como un número en el área de Talento de Televisa intervenido. La gran mayoría de los números intervenidos se encuentran en Sinaloa, lo que permite suponer que se tienen sospechas y certezas de vínculos criminales.
En todo caso, la relación de intervenciones telefónicas muestra la mezcla del espionaje con fines de inteligencia criminal con espionaje político realizada por el CISEN. Durante mucho tiempo se especuló que este gobierno realizaba espionaje político de manera permanente, pero no se había podido documentar. Del mito o la especulación informada, de trascripciones de conversaciones telefónicas, a esta relación de números y nombres de objetivos específicos.
La paradoja de este documento es que contrasta el interés en objetivos que puede uno asumir en el caso de la mayoría no están relacionados de ninguna manera con criminales, y la forma tan laxa como la vigilancia a criminales fue una constante. El video difundido hace dos semanas del monitoreo del CISEN la noche en que se fugó Joaquín El Chapo Guzmán, es un ejemplo de cómo, en lugar de estar tan atentos en el espionaje político, habrían hecho bien en enfocarse en la inteligencia criminal. De esa forma, no se les hubiera ido de sus ojos y manos el narcotraficante más famoso del mundo.
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