Perú impuso este martes un toque de queda en la región andina de Puno, en el sur, para frenar las protestas contra la presidenta Dina Boluarte, que dejan 40 muertos en un mes, mientras el nuevo gabinete acude al Congreso por un voto de confianza para su investidura.
“Se ha aprobado en el Consejo de ministros un decreto supremo que declara inmovilización social en Puno por el plazo de tres días, desde las 20 horas hasta las 4 de la mañana”, anunció el jefe de gabinete, Alberto Otárola, ante el Congreso.
El epicentro de las protestas es la región aymara de Puno, en la frontera con Bolivia, donde hubo saqueos a locales comerciales y ataques a vehículos policiales entre la noche del lunes y la madrugada de este martes con saldo de 18 muertos.
Las muertes han exacerbado la indignación en las ciudades de Puno y Juliaca, a unos 1.300 km de Lima, cuyos habitantes realizan una huelga desde hace una semana y mantienen el comercio cerrado.
Otárola anunció en el Congreso que el día miércoles “será de duelo nacional laborable”.
La Superintendencia de Transporte Terrestre reportó bloqueos y tránsito interrumpido por piquetes en seis regiones: Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios y Amazonas.
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En Cusco y en Ayacucho hubo marchas para pedir la renuncia de Boluarte, nuevas elecciones y convocatoria a una Asamblea Constituyente, los principales reclamos de las protestas.
La violenta represión de las fuerzas del orden provocó el lunes 14 muertos entre los manifestantes que trataron de ocupar el aeropuerto de Juliaca y tres fallecidos durante un saqueo en un centro comercial, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. Además, un policía pereció quemado al interior de su patrulla, informó la institución.
"¿Quién nos va a defender? ¿Quién va a ver por estos niños que están traumados, por estos niños que están quedando sin padre, sin madre, huérfanos?”, dijo a la AFP una manifestante, que no se identificó.
El gobierno justificó la actuación de la policía y militares que custodian la terminal aérea diciendo que fue en respuesta a “una asonada” preparada.
El lunes “más de nueve mil personas se aproximaron al aeropuerto de Juliaca y aproximadamente dos mil de estas iniciaron un ataque sin cuartel contra la policía y las instalaciones, utilizando armas hechizas (armas improvisadas) y con doble carga de pólvora, generando una situación extrema”, indicó a la prensa Otárola.
“Estamos muy preocupados por el aumento de la violencia en Perú, que el lunes 9 de enero vivió uno de los días más mortíferos desde que comenzaron los disturbios a principios de diciembre”, declaró en Ginebra la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Marta Hurtado.
“Situación de guerra”
La Iglesia católica, religión mayoritaria en Perú, calificó como “situación de guerra” el clima de violencia en el sur peruano.
“La verdad es que estamos en manos de la barbarie (...) El enfrentamiento entre hermanos y hermanas es mucho más doloroso, porque somos parte de una sola sociedad, una familia peruana”, dijo el cardenal y arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, a la radio RPP.
En Juliaca, decenas de familiares de las víctimas hacían cola vestidos de negro en la morgue para recibir los cuerpos de sus parientes.
“Mi hermano murió porque le dispararon, lo mataron los policías”, dijo a radio La Decana de Juliaca un familiar de Roger Rolando Cayo, de 22 años.
“La violencia está llegando a niveles insospechados en verdad. La Defensoría señala que no se va a resolver con la participación de las fuerzas armadas o policía esta crisis y este conflicto político”, declaró a la AFP la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar.
En este contexto, Perú recibirá el miércoles a una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que indagará sobre las manifestaciones y la respuesta policial.
Según el gobierno, el expresidente boliviano Evo Morales está ligado a las protestas, razón por la cual le prohibió ingresar a Perú hasta nuevo aviso.
Morales, que presidió Bolivia entre 2006 y 2019, ha tenido una presencia activa en la política peruana desde que el exmandatario izquierdista Pedro Castillo llegó al poder en julio de 2021 hasta su destitución el pasado 7 de diciembre, luego de un fallido autogolpe. En noviembre, Morales visitó Puno.
Voto de confianza
En medio de las protestas, Otárola buscaba ante el Congreso obtener el voto de confianza de investidura, requisito constitucional para seguir en las funciones que inició el 21 de diciembre.
Boluarte fungió como vicepresidenta hasta el 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó a Castillo luego de que intentara cerrar el parlamento, intervenir el sistema judicial y gobernar por decreto.
Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.
Aunque se considera de izquierda, Boluarte es vista como “traidora” por las comunidades y militantes que apoyan a Castillo. Los sectores de derecha que antes promovían su caída ahora la respaldan.
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