El partido mayoritario en el Congreso de la Unión aún no logra destrabar el proyecto de reforma eléctrica planteado por el Poder Ejecutivo Federal y ya ha introducido un nuevo hierro en la lumbre.
Leyendo las señales emitidas el sábado pasado desde Querétaro, ni tardos ni perezosos en el Poder Legislativo ya empezaron a hablar que para abril o para mayo habrá proyecto de reforma político-electoral, centrando sus baterías en el INE, los costos y en “descafeinar los delitos electorales”.
No es un tema menor el que empieza a escucharse en los pasillos legislativos, pues recordemos que el edificio estatal se encuentra sostenido por tres pilares fundamentales: el gobierno, las elecciones y los partidos políticos. Y justamente la intención planteada trastocaría dos de los tres pilares.
El mal proceder en la materia podría hacer titubear al Estado en su conjunto, de ahí el cuidado, visión y responsabilidad que deben demostrar las legisladoras y los legisladores en los cambios a emprender.
Por ello, más allá de agendas partidistas se debe privilegiar la agenda ciudadana, la cual pasa, sin lugar a dudas, por evitar la violencia que ha caracterizado a los recientes procesos y que, sin duda, ha ahuyentado a la sociedad para acudir a las urnas.
El Estado mexicano debe blindar los cargos de elección popular para evitar a toda costa que personas vinculadas con grupos delincuenciales sean postuladas y resulten electas, pues son muchos los riesgos que se corren.
Una propuesta que ha sido postulada por el coahuilense Rubén Moreira, coordinador del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, es federalizar la organización y calificación de las elecciones. Y es que no sin razón, Moreira fustiga que desde el centro del país se nombre a integrantes de los órganos públicos locales electorales, así como a juzgadores, lo cual en los hechos representa un despropósito en una República Federal como la mexicana.
Al igual que la reforma eléctrica, el análisis de la reforma político-electoral no tendrá lugar antes del 5 de junio próximo y es poco probable que se realice en un extraordinario, ello porque al igual que la eléctrica, la electoral requiere el mayor diálogo posible y es claro que las propuestas serán expuestas en un ejercicio de parlamento abierto.
De ahí que el punto de inflexión de la 65 Legislatura tendrá lugar durante el periodo de septiembre-diciembre de 2022, lo cual podría empalmar la discusión de estas dos reformas con el paquete económico y la reforma de la Guardia Nacional de un país con crisis económica y aumento de la pobreza como México.
@jlcamachov
