La tensión en la Cámara de Diputados se incrementa cada sesión. No importa el tema ni la coyuntura, todo es leído con fines electorales y acto seguido, se da el enfrentamiento entre los dos frentes. En medio queda la presidencia de la Mesa Directiva.
Por más que el grupo de Morena y aliados han querido provocarla y hacerla caer en contradicciones, la nuevoleonense Marcela Guerra ha conservado la calma y hecho valer en todo momento el marco jurídico del Congreso, a fin de dar a quien lo que en derecho corresponde.
No se trata de una labor sencilla, pues requiere conocimiento de Derecho Parlamentario y capacidad de aplicarlo de manera inmediata.
Marcela Guerra Castillo es una de las parlamentarias con mayor experiencia que forma parte de la LXV Legislatura, pues ha sido diputada federal y local, así como senadora de la República.
Con sensibilidad, criterio y astucia, Guerra Castillo ha salido avante de discusiones acaloradas y su papel será trascendente en el debate de temas tan cruciales como el próximo presupuesto de egresos, el cual el oficialismo busca aprobarlo con grandes recortes al Poder Judicial de la Federación, INE, Tribunal Electoral y el propio Poder Legislativo.
Colega legislador o legisladora alguna puede señalarla por tener un comportamiento parcial o sesgado, sino al contrario, su institucionalidad es el sello distintivo de la Mesa.
Restan 40 días del periodo ordinario del penúltimo periodo de sesiones ordinarias de la 65 Legislatura del Congreso de la Unión, y en lo que corresponde a la Cámara de Diputados su dirección está blindada bajo la conducción de Marcela Guerra Castillo.
Una respuesta inesperada
Aunque parecía broma, el presidente planteó que el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial se destinase a apoyar la reconstrucción de Acapulco. En este caso, como en muchos otros, el presidente lanzo un “buscapies” pretendiendo que la respuesta en automático fuera opuesta a su idea y con eso reforzar su argumento de que es dinero destinado a pagar privilegios.
Pero de forma inesperada, la ministra Norma Piña respondió afirmativamente y más aún, solicitó al presidente reunirse para establecer los mecanismos que aseguren que ese dinero efectivamente va a llegar a los damnificados.
La ministra sabe que si bien la extinción fue aprobada por el Legislativo, existen todavía recursos para atacarla desde el punto de vista ya del amparo o de la controversia constitucional, con muy altas probabilidades de ganar ; por otra parte, su propuesta tiene algo inédito: que el presidente se siente a “negociar” con uno de sus adversarios, lo que constituye un alto riesgo de que los mecanismos clientelares para entregar el dinero como son los programas sociales, queden exhibidos y que esa misma instancia participe en la supervisión, asignación, entrega y eventualmente supervisión de trabajos.
¿El presidente permitirá que alguien ajeno a su movimiento entre a las tripas de su operación política?
@jlcamachov
