A unas horas de que concluya el penúltimo periodo ordinario de la 64 legislatura, ambas cámaras federales se han abocado a ultimar los proyectos de reforma y nuevas leyes que se encuentran en las comisiones dictaminadoras. Se trata, evidentemente, de la concreción del trabajo que se ha realizado desde septiembre, principalmente en modo a distancia debido a la pandemia que afecta al país.
El ejemplo más claro de ello ha sido la aprobación del proyecto de Ley General de Educación, la cual ha sido resultado de un ejercicio de parlamento abierto en el que participaron académicos, instituciones de educación superior y asociaciones de gran prestigio.
El resultado legislativo fue aprobado el pasado miércoles por el acuerdo de todas las fuerzas políticas.
Se trata de la ley reglamentaria del artículo 3º constitucional en materia de educación superior, de observancia obligatoria en todo el país y aplicable por parte de autoridades federales, estatales y municipales.
En ella se visualiza a la educación superior universitaria como la responsable de la formación integral de las personas para el desarrollo armónico de todas sus facultades, la construcción de saberes, la generación, aplicación, intercambio y transmisión del conocimiento, así como la difusión de la cultura y la extensión académica en los ámbitos nacional, regional y local, que faciliten la incorporación de las personas egresadas a los sectores social, productivo y laboral.
Se establece que la educación superior es un derecho y se reitera la obligatoriedad del Estado para proporcionarla. Se hace mención del interés superior del estudiante en el ejercicio de su derecho a la educación.
¿La autonomía de universidades públicas está en peligro? El artículo 2 de este proyecto de ley (ya que ha sido turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación) no solo acata lo estipulado en el artículo 3º de la ley suprema, sino que establece que todo proceso de reforma de las leyes orgánicas no podrá menoscabar la facultad y responsabilidad de las universidades e instituciones de educación superior autónomas de gobernarse a sí mismas.
Se crea el Sistema Nacional de Educación Superior como el conjunto orgánico y articulado de actores, instituciones y procesos para la prestación del servicio público de educación superior que imparta el Estado, así como los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial.
En el artículo tercero transitorio se establece que los mecanismos para dar cumplimiento progresivo a la obligatoriedad del Estado de ofrecer oportunidades de acceso a toda persona que cuente con el certificado de bachillerato o equivalente, así como la gratuidad de la educación superior se implementarán a partir del ciclo 2022-2023
Una vez que la Cámara de Diputados haga lo propio, restará atender un pendiente del que depende la concreción de los buenos propósitos plasmados en el proyecto de Ley General de Educación Superior: dotar de recursos públicos suficientes a universidades e instituciones de educación superior para ampliar su oferta académica de manera sostenida.
Reformas a Ley de Banco de México
Gran controversia ha suscitado el proyecto de reforma aprobado por el Senado a la Ley del Banco de México y que ha sido turnado a la Cámara de Diputados, en donde se ha señalado que será hasta el siguiente periodo ordinario cuando se analice.
A decir del proponente, Ricardo Monreal Ávila, la intención es proteger y fortalecer la economía de las familias mexicanas tratando de resolver los diferentes problemas a los que se enfrentan miles de migrantes que envían recursos a México, por lo que se busca hacer manejables las divisas en dólares.
Especialistas y servidores públicos del Banco central han señalado que existen riesgos en lo aprobado por el Senado y por ello, han tomado positivamente el tiempo que se han dado las y los diputados para analizar el tema.
Alejandro Armenta, senador por Puebla, ha opinado que la iniciativa de Ricardo Monreal no es a favor del lavado de dinero, sino a favor de los trabajadores migrantes. No obstante, en todo momento dejó en claro que el Banco de México es un ente soberano, autonomía y respetado.
Otro tema que aguardará para ver la luz es el relativo a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, la cual también se irá a parlamento abierto y se busca contar con un acuerdo más amplio entre las fuerzas políticas.
@jlcamachov
