La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) presentó denuncia ante el Tribunal de Justicia Administrativa local por un presunto fraude cometido por el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, de Movimiento Ciudadano.
De acuerdo con los panistas, Lemus Navarro habría favorecido a Integradora de Apoyo Municipal SA de CV, con un contrato cercano a los 800 millones de pesos, por lo que el daño a la hacienda púbica podría superar los 400 millones de pesos.
Integradora de Apoyo Municipal estaría vinculada a Lumo Financiera del Centro, de Luis Humberto Montaño García, pues de acuerdo con registros públicos, Efraín Álvarez Álvarez y Jaime Santos Ayala han representado a ambas compañías.
Lumo ha obtenido 169 contratos con la administración pública federal por alrededor de 3 mil 598 millones de pesos, según datos del portal Compranet. Tanto la Fiscalía General de la República como la Unidad de Inteligencia Financiera recibieron denuncias en su contra por diversas irregularidades en los procesos de contratación en los que ha participado.
La arrendadora de Montaño García tiene una relación de más de una década con su financiera Unifin, empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Ligados a gobiernos panistas, en una edición pasada de la Fórmula 1, en la Ciudad de México, el ex presidente Felipe Calderón incluso ocupó una de las entradas y lugares VIP de Unifin. Aunque tanto el ex mandatario como la empresa negaron una relación de amistad, la firma de servicios financieros creció exponencialmente durante el gobierno de Calderón Hinojosa.
“Exigimos una explicación detallada, la máxima difusión y transparencia sobre este contrato por parte del alcalde de la ciudad de Guadalajara del partido de MC. Debe quedar claro cualquier señalamiento de corrupción por parte de las autoridades municipales o incluso estatales de esta gran estafa tapatía”, detalló el presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza.
Acompañado por la secretaria general, Cecilia Patrón Laviada; la presidenta del Comité Directivo Estatal Jalisco, Diana González; el regidor de Guadalajara, Fernando Garza; y diputados federales y locales, dijo que se trata de la compra y arrendamiento de vehículos por parte del ayuntamiento de Guadalajara a un “escandaloso sobreprecio”.
El pasado 21 de diciembre, el ayuntamiento de Guadalajara le adjudicó a Integradora de Apoyo Municipal SA de CV un contrato a 30 meses para la renta de equipo de seguridad por 792 millones 261 mil 796 pesos, IVA incluido.
Aunque otras tres empresas presentaron propuesta económica, todas fueron descalificadas. En el caso de una de las licitantes, Forza Arrendadora Automotriz, la Dirección de Adquisiciones desechó la oferta de 17 millones 800 mil pesos, por considerar que era 40% menor al estudio de mercado que arrojó un precio medio de 30 millones 64 mil pesos.
El regidor Fernando Garza precisó que lo que se busca es invalidar la licitación a través de recurso de nulidad del acto administrativo que dio lugar al proceso. “Estamos solicitando al Tribunal se admita la demanda y reciban las pruebas, se dicte medida cautelar en los términos que este Tribunal conforme a su estudio determine precedentes y se decrete la nulidad lisa y llana de los actos que se reclaman y de los derivados directa e indirectamente de ellos. Estamos muy claros en lo que queremos, que se investiguen los hechos, pero que en vía de mientras se suspenda totalmente esta adquisición que es irregular”.
“No vamos a permitir este saqueo tan burdo por parte del municipio gobernado por el partido de MC y se quede sin investigar. Nosotros pedimos que se sancione a los probables responsables y para que además no quede simplemente impune”, advirtió Cortés Mendoza.
Antes de que el municipio asignara el contrato para arrendar, hasta junio de 2024, 763 vehículos, incluidas 290 patrullas, una empresa participante en la licitación LPN 010/2021, acudió el 14 de diciembre al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) a interponer una demanda de juicio de nulidad ante las irregularidades en el proceso.
La demanda que se radicó en la Cuarta Sala del TJA, a cargo de Armando Estrada le otorgó a la inconforme suspensión provisional, y el 16 de diciembre se le notificó al ayuntamiento. Sin embargo, el presidente de la Sala Superior del TJA, José Ramón Jiménez Gutiérrez decidió negar la suspensión, a pesar de no tener a la vista el expediente, aseveró Armando Estrada.
En enero de este año, Morena también solicitó que la sindicatura inicie un juicio de lesividad contra los actos administrativos aprobados en el Comité de Adquisiciones, con relación al arrendamiento de vehículos y en consecuencia se anulen los efectos de la licitación por considerar que existe una lesión a los intereses del municipio. AG
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