Esta investigación es parte de Reporting the Border, un proyecto del International Center for Journalists en colaboración con el Border Center for Journalists and Bloggers. Esta historia fue publicada originalmente por El Faro. Puede suscribirse al boletín de El Faro aquí.
Agustín Gómez trata de vivir según el principio de que el pasado es el pasado. Pero aún le cuesta aceptar que ya no puede hacer nada por su hijo Felipe, quien murió bajo la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en diciembre de 2018, poco después de cruzar la frontera.
“Fue como si muriera con mi hijo”, dijo Gómez, de 48 años, en una entrevista telefónica. “Y todavía estoy muy triste”.
Felipe fue el segundo de cinco menores guatemaltecos en morir bajo custodia estadounidense entre diciembre de 2018 y mayo de 2019. Una autopsia reveló más tarde que murió de complicaciones de por gripe B y la sepsis. Después de su muerte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia matriz de CBP, ordenó una investigación interna sobre el manejo del caso. El informe resultante, publicado en diciembre de 2019, no encontró mala conducta o acciones ilegales por parte de los empleados del DHS a cargo del cuidado del niño.
Meses después de que el DHS cerrara su investigación, la organización de vigilancia ética sin fines de lucro American Oversight publicó documentos gubernamentales nunca antes vistos que contenían declaraciones juradas del personal de CBP con información sobre la muerte de Felipe. Cuando hablé con él recientemente, Gómez cuestionó algunas afirmaciones en las declaraciones juradas sobre la atención que recibió su hijo y sobre su aprobación al respecto. “No estoy muy convencido” de que le dieron la atención adecuada, dijo Gómez.
Después de revisar los documentos oficiales de CBP, el informe sobre la investigación de la muerte del niño, la autopsia y el reporte toxicológico, salieron a la luz algunas discrepancias en el recuento oficial del gobierno sobre los eventos que llevaron a la muerte de Felipe. Más de 18 meses después de su muerte, la familia de Felipe todavía se pregunta si podría haberse hecho más para salvar al niño saludable que dejó su pueblo en una montaña neblinosa de Guatemala en diciembre de 2018.
“Aquí, todo es difícil”
Yalambojoch, en Huehuetenango, es una comunidad de campesinos dedicados principalmente a la producción de subsistencia, enclavada en las montañas cerca de la frontera guatemalteca con México. En el centro de la población se encuentra una tiendita de la esquina, que se dice que fue construida con dinero de remesas. Las gallinas entran y salen. Los sinuosos caminos de la comunidad están embarrados por la intermitente llovizna.
La casa de la familia de Felipe, construida con bloques de cemento y un techo de lámina, se asienta sobre una pequeña colina. Su madre Catarina Alonzo y sus tres hijos sobrevivientes viven del maíz y los frijoles que crecen en la pequeña parcela de tierra que Gómez heredó de su padre.
“Aquí sólo comemos frijoles, pero allá [en Estados Unidos], allá hay comida. Los niños crecen más rápido”, dijo Alonzo en Chuj, una lengua indígena de origen maya. Estaba sentada en su cocina en una mañana nublada en agosto de 2019. “Aquí todo es difícil”, agregó el hermano de Gómez, Andrés, quien tradujo la entrevista al español.
Las ONG y la ayuda del gobierno rara vez llegan a esta remota ciudad de la montaña. Los políticos rara vez salen de las calles congestionadas de ciudad de Guatemala para hacer el viaje de ocho horas a través de las tierras altas del oeste para llegar a estas humildes poblaciones de aire claro en Huehuetenango. En respuesta, los residentes de estas tierras casi nunca se aventuran en el viaje de varios autobuses hasta el centro político del país.
Incluso aunque es más lejana, la huella de El Norte en la conciencia colectiva de Yalambojoch, como se refleja en las casas pulidas construidas con las remesas enviadas desde Carolina del Norte, Texas o Tennessee, puede ser más fuerte que la de la propia capital guatemalteca.
“Las personas migran porque no tienen oportunidades”, dijo Rudi Gordillo Velasco, alcalde de Nentón, Huehuetenango, el municipio donde se ubica Yalambojoch. “No tienen trabajo. Todas sus cosechas se pierden e incluso si tienen un buen año, el problema es que no hay mercado para su producto”.
La migración al norte desde esta región se remonta al menos a la década de 1980, cuando el país estaba en medio de un conflicto armado entre las fuerzas gubernamentales y una serie de grupos rebeldes de izquierda. Muchos campesinos indígenas mayas de lugares como Yalambojoch tomaron las armas para exigir derechos sobre la tierra y el fin del racismo y la exclusión política.
Agustín nació en 1972, 12 años después de que iniciara el conflicto armado que terminó en 1996. Al ser un foco de actividad de la guerrilla, los frecuentes tiroteos en Yalambojoch desordenaron la vida cotidiana y los aldeanos vivían con miedo. Los maestros dejaron de asistir a la escuela. “Tenían miedo de la guerrilla”, dijo Andrés.
La familia cruzó la frontera hacia México, al igual que muchos de sus vecinos. Cuando los combates cesaron meses después, pudieron regresar bajo un programa de reasentamiento de refugiados de la ONU.
Un acuerdo de paz en 1996 incluyó cambios en la Constitución guatemalteca para promover la inclusión social de los numerosos grupos indígenas del país, y un programa de distribución de tierras. Pero más de dos décadas después, la desigualdad sigue siendo rampante en el departamento de Huehuetenango, de mayoría indígena, dijo Gordillo Velasco.
Las comunidades carecen de infraestructura básica como carreteras, agua corriente y acceso a servicios de salud y educación de calidad. La inseguridad alimentaria y la desnutrición siguen siendo problemas graves.
Sin una educación formal, los hermanos Gómez deben plantar maíz y frijol para sobrevivir. “Firmaron la paz”, dijo Andrés. “Pero no hay ayuda para nosotros”.
Hacia el norte
En diciembre de 2018, Catarina estaba embarazada nuevamente. Entonces Gómez tomó un préstamo de 60 mil quetzales, casi 7 mil 800 dólares, para pagar a un coyote y decidió irse a Estados Unidos.
Cuando Felipe descubrió que su padre se iba, lloró y rogó para irse con él. Su padre cedió. No podía decirle que no al pequeño Felipe. Gómez y Felipe salieron de Yalambojoch el 14 de diciembre de 2018. Felipe estaba sano y de buen humor, recordó Gómez.
Después de cinco días de viajar a través de México en autobús, padre e hijo cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México cerca de El Paso, Texas, donde la Patrulla Fronteriza los detuvo la tarde del 18 de diciembre de 2018, según un comunicado de CBP. “Mi hijo estaba muy tranquilo cuando la inmigración nos atrapó, muy tranquilo”, dijo Gómez.
Gómez recuerda haber estado en al menos cuatro celdas diferentes mientras estuvo detenido. Todos tenían frío. A ambos les dieron solo mantas de mylar para mantenerse calientes. Gómez recuerda que Felipe se negó a comer los burritos que les sirvieron y decidió que solo comería la fruta que les dieron. Dijo que nunca le preguntaron si quería un traductor para su lengua materna, Chuj.
Una declaración jurada recientemente publicada afirma que Gómez dijo que Felipe estaba comiendo bien, y que incluso trataba de formarse dos veces para recibir una comida extra.
“Como soy mayor, puedo manejar el hambre”, dijo Gómez. “Pero mi hijo, ¿quién sabe si por eso murió?”.
Enfermarse
Según la declaración emitida por CBP después de la muerte de Felipe, un agente de procesamiento “notó que el niño estaba tosiendo y parecía tener ojos brillosos”, alrededor de las 9 am del 24 de diciembre.
Gómez dijo que su hijo se despertó alrededor de las 3 am del 24 de diciembre, quejándose de dolores de estómago. El dolor persistió y alrededor de las 8 de la mañana, Gómez intentó alertar a los agentes. No le hicieron caso, posiblemente debido a una barrera del idioma. “No voy a disculparlos por eso”, dijo. Finalmente, un agente de habla hispana respondió a las preocupaciones de Gómez y le dijo que los llevaría a él y a su hijo al hospital.
Los documentos recientemente publicados, que fueron obtenidos por American Oversight, corroboran el relato de Gómez, afirmando que fue Gómez quien le informó al oficial de la Patrulla Fronteriza alrededor de las 8 am que su hijo tenía fiebre.
El padre y el niño fueron transportados al Centro Médico Regional Gerald Champion, donde Felipe fue visto por un médico que dijo que estaba resfriado, según la declaración de CBP emitida poco después de su muerte.
Felipe fue autorizado para su liberación con recetas de amoxicilina e ibuprofeno, según el comunicado. Gómez dijo que no habló directamente con el médico debido a una barrera del idioma. “No me preguntaron nada y no les hablé”, dijo. Los registros de CBP confirman esta versión.
Felipe y Gómez regresaron a la estación de la Patrulla Fronteriza sin medicamentos, dijo Gómez. La declaración jurada dice que los oficiales de la Patrulla Fronteriza compraron las recetas con su propio dinero y le administraron la medicina a Felipe alrededor de las 6 de la tarde. Gómez recuerda que los agentes llegaron con algún tipo de medicina líquida en ese momento, pero no sabía qué medicina era.
Un informe de toxicología muestra que Felipe tenía 100 ml de difenhidramina en el torrente sanguíneo, que es un antihistamínico que a menudo se encuentra en el Benadryl. Este medicamento a veces se prescribe para tratar los síntomas de la gripe, como la congestión, según Carlos Gutiérrez, un médico con sede en El Paso que a menudo brinda atención voluntaria para niños migrantes liberados de la custodia de Estados Unidos. El informe no encontró rastros de amoxicilina o ibuprofeno, pero estos medicamentos tienden a abandonar el torrente sanguíneo en unas pocas horas, dijo.
El protocolo de CBP desde 2015, y aún vigente, establece que los migrantes bajo custodia deben autoadministrarse sus propios medicamentos recetados, a menos que el migrante necesite ayuda debido a su edad o a una discapacidad. No especifica cómo se compran las recetas o quién es responsable de pagar.
A menudo, “depende de los agentes si quieren participar [para comprar el medicamento]”, dijo Gutiérrez, con base en su contacto con los migrantes liberados de custodia. Dado que las instalaciones de CBP están destinadas a albergar temporalmente a migrantes que serán luego transferidos a una instalación permanente, hasta hace poco no tenían “capacidad de detección ni atención médica”, según un informe de noviembre de 2019 del Consejo Asesor en Seguridad Nacional.
Después de tomar la medicina, Felipe se quejó de dolores en el estómago y el pecho, según la declaración jurada. Gómez alertó a los agentes. “Ya no puedo soportarlo. Creo que voy a morir”, le dijo el niño de 8 años a su padre, según la declaración jurada. Gómez no recuerda esta declaración.
En tránsito hacia el hospital, Felipe dejó de responder, según la declaración jurada. Cuando llegaron, Felipe fue llevado a toda prisa. Aproximadamente una hora después, un médico le dijo a Gómez que su hijo había muerto por una causa desconocida. Una autopsia reveló más tarde que Felipe murió de complicaciones de una infección de influenza B y sepsis.
Según una nota de un agente en la declaración jurada, el padre de Felipe, Gómez, “no culpó a nadie” por la muerte de su hijo porque los agentes de la Patrulla Fronteriza hicieron “todo lo posible por su hijo”.
Pero Gómez niega haber dicho eso. “Ese fue el gran error que cometieron”, dijo Gómez. “Porque nunca hubo un momento en que me sentara con ellos y les dijera cómo me sentía por cómo me atendieron”. Expresó su gratitud por la ayuda de un agente de habla hispana que estaba más atento a él y a su hijo que otros agentes. Fue el mismo agente que los llevó al hospital.
¿Atención médica mejorada?
Después de la muerte de Felipe, la administración Trump prometió mejorar la atención a los migrantes bajo su custodia, particularmente a los niños. El DHS ordenó controles médicos más exhaustivos para menores bajo su custodia. CBP publicó una nueva directiva médica en diciembre de 2019 que exige más recursos para la atención médica.
El Dr. Gutiérrez desconfía de lo que significan estos cambios en la práctica. “Es solo una atención médica deficiente, incluso si reciben atención médica”, dijo.
Ahora, a medida que el coronavirus se propaga a través de los centros de detención, los riesgos planteados por la pandemia de rápida propagación han vuelto a destacar las condiciones insalubres y de hacinamiento en que se encuentran los inmigrantes bajo custodia estadounidense.
“Es muy difícil controlar la propagación de la influenza en los centros de detención. Es aún más difícil controlar la propagación del Covid-19”, dijo Alia Sunderji, médico de emergencias pediátricas del Hospital Johns Hopkins. Ella estaba entre un grupo de médicos que escribieron una carta al Congreso en agosto de 2019 advirtiendo sobre la propagación de la influenza y otras enfermedades infecciosas entre los niños detenidos, junto con recomendaciones para mejorar su atención.
Desde la muerte de Felipe los problemas relacionados con la salud de los niños migrantes han cambiado a medida que las políticas de la administración Trump, implementadas antes y durante el coronavirus, han empeorado sus condiciones.
Desde enero de 2019, Estados Unidos ha enviado a más de 60 mil solicitantes de asilo a esperar sus citas judiciales en peligrosas ciudades fronterizas mexicanas donde son vulnerables a secuestros, robos y otros actos de violencia. Allí viven en condiciones insalubres, en campamentos improvisados o refugios con hacinamiento.
Así las cosas, en agosto de 2019 la administración Trump decidió finalizar el llamado Acuerdo Flores (Flores Settlement Agreement) de 1997, que establece estándares para el cuidado de niños migrantes bajo custodia de EU, que incluía un límite de 72 horas de estancia para niños en instalaciones de CBP. Felipe estuvo bajo el cuidado de CBP por lo menos el doble de ese límite de tiempo, una de las muchas violaciones documentadas del acuerdo de Flores. Los defensores de los inmigrantes dicen que poner fin a estas protecciones tendría consecuencias devastadoras y potencialmente mortales para los niños migrantes.
Ahora, citando preocupaciones de salud pública, Estados Unidos está expulsando rápidamente a los migrantes que cruzan la frontera sin tener en cuenta el debido proceso o el principio internacional de no devolución. Desde la orden en marzo, más de 43 mil migrantes han sido expulsados. Al menos 900 eran menores de edad y grupos defensores de la ley han impugnado las expulsiones en los tribunales por violar el debido proceso.
A principios de junio, más de 120 menores estaban bajo custodia del Servicio de Inmigración y control de Aduanas (ICE). Un juez ordenó su liberación antes del 17 de julio debido al riesgo de contraer el coronavirus en estas instalaciones, pero ahora se enfrentan a una posible separación de sus madres, con quienes actualmente están detenidos.
Estas políticas han creado una situación en la que muchos “niños invisibles” están en riesgo en las ciudades fronterizas mexicanas o después de la deportación, dijo el Dr. Sunderji. “Esos son los niños de los que nunca escucharemos cuando mueran”, dijo. “¿Qué pasa con ellos? ¿Quién es responsable de sus muertes?”.
Ir hacia adelante
En enero de 2019, Gómez fue liberado de la custodia de Estados Unidos y fue a vivir con amigos en Nashville. “Estoy agradecido de que me hayan dejado quedarme aquí”, dijo, sobre la decisión de liberarlo mientras su caso de inmigración está en curso. Antes del golpe del coronavirus, dedicó la mayoría de las noches a limpiar restaurantes para pagar su deuda de 7 mil dólares con un traficante de personas.
En enero de este año, finalmente libre de deudas, comenzó a enviar dinero a su familia en dificultades en Guatemala. Pero, como los restaurantes cerraron bajo una orden de quedarse en casa, perdió el trabajo en marzo. En las últimas semanas ha comenzado a trabajar a tiempo parcial, pero está luchando para pagar el alquiler.
El caso de inmigración de Gómez aún está pendiente y le preocupa que compartir su versión de los hechos pueda afectar negativamente su caso. “¿Qué pasa si ellos [los funcionarios de inmigración de Estados Unidos] se enojan y me denuncian?”, dijo Gómez. Pero él quiere que su historia sea escuchada.
Un abogado está investigando el caso de Felipe, pero Gómez dijo que no ha estado en contacto con él recientemente y que no conoce el estatus del caso.
Gómez tiene la esperanza de que su esposa e hijos puedan reunirse con él legalmente en los Estados Unidos algún día. No se atrevería a pagarle a un coyote para traerlos debido a los riesgos. “Es mejor esperar”, dijo.
A medida que las restricciones de coronavirus se han levantado lentamente, Gómez ha vuelto a barrer el piso o a limpiar las mesas de los restaurantes en Nashville. Puede que nunca sepa exactamente qué le sucedió a Felipe. Pero tiene que mantenerse sano y seguir trabajando: tiene una esposa y otros tres hijos que mantener vivos.
Esta investigación es parte de Reporting the Border, un proyecto del Centro Internacional para Periodistas en colaboración con el Centro Fronterizo para Periodistas y Bloggers
