Lejos de la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que la corrupción e impunidad se terminaron en su gobierno, el fenómeno de la impunidad no ha disminuido, al contrario, hay graves retrocesos en los que los “pactos políticos” y la corrupción, son dos de los principales factores que obstaculizan su combate.
A la par del aumento de la violencia y la incidencia delictiva a nivel nacional, la impunidad está presente en las 32 entidades del país, y en 22 de ellas el índice de impunidad se ubica como “alta” o “muy alta”, sin una notable diferencia con los estados restantes, según el Índice Global de Impunidad México 2022, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
Tan grave es la situación de impunidad en México que, de acuerdo con del equipo que coordinó la realización del índice, actualmente el promedio anual del presupuesto destinado para la procuración de justicia per cápita es de 14.29 pesos, mientras que la cifra negra —los delitos que no se denuncian— se aproxima al 92 %.
“No solamente no tenemos capacidades (institucionales), crecemos muy lento y en algunos casos vamos para atrás”, lamentó el doctor Juan Antonio Le Clerq Ortega, decano de la escuela de Ciencias Sociales en la UDLAP, al señalar que a diferencia del reporte de 2018, en 2022 el número de agencias del ministerio público por cada 100 mil personas pasó de 3.2 a 2.2.
Ante la gravedad en casos como el estado de México, que se ubicó como la entidad con el mayor índice de impunidad de todo el país, el investigador señaló que el número agencias del Ministerio Público es apenas del 0.35, es decir que no se alcanza ni a media agencia para cada 100 mil habitantes.
Lee también: México en el Índice de Impunidad 2022
“Hay muchos factores que afectan el combate a la impunidad, por ejemplo, los pactos políticos e impunidad, sin duda trascendental cómo romperlos, la corrupción que siempre estará correlacionada altamente con la impunidad”, advirtió Le Clerq Ortega.
Para la maestra Azucena Cháidez Montenegro Socia, directora de SIMO Consulting y una de las coordinadoras del índice, la falta de voluntad política para generar las políticas públicas necesarias que reviertan los niveles de impunidad juegan un papel fundamental, considerando que se trata de un “problema generalizado de impunidad en todo el país”.
En ese sentido resaltó que considerando que la impunidad no es un problema que se resuelva en un sexenio, advirtió que la “visión cortoplacista de nuestra clase política ha inhibido mucho la creación realmente de soluciones a largo plazo. ¿De quién depende reformar a las policías? ¿De quién depende capacitar, entrenar mejor a ministerios públicos, a jueces; financiar mejor al sistema (penal)? No depende del ciudadano, eso tiene que venir desde la política pública, desde las autoridades”.
El déficit de jueces en el país es otro de los aspectos que el Índice de Impunidad refleja como uno de los indicadores preocupantes, pues si bien hubo un efímero crecimiento de 3.5 a 4.3 jueces por cada 100 mil habitantes, entre los índices de 2018 a 2022, resulta una notable evidencia del retroceso a nivel mundial en el que se mantiene México.
“Si queremos alcanzar a África, donde el promedio de los cinco países que considera el índice es de ocho jueces por cada 100 mil habitantes, necesitamos 16 años; para alcanzar el promedio del Índice Global que en 2020 abarcó 69 países y fue de 16 jueces, se requieren 48 años, y si se estima alcanzar a los países de Europa se requieren 98 años”, subrayó Juan Antonio Le Clercq.
Problema en crecimiento
Al pasar de 18 a 33 indicadores, nueve de los cuales fueron referentes a los derechos humanos, además de la incorporación de indicadores como presupuesto para procuración de justicia, el Índice Global de Impunidad México 2022 puso en evidencia las deficiencias y retrocesos institucionales a nivel estatal, pero con base en la información que las propias entidades proporcionan.
Basándose en los Censos Nacionales de Procuración e Impartición de Justicia Estatal, los censos nacionales de derechos humanos que recientemente se incorporaron a los proyectos estadísticos el Inegi, los investigadores de la UDLAP concluyeron que en una escala del cero al 100, y una media nacional del promedio de impunidad de 60 que, “ya de entrada es muy alto”. Los indicadores en los estados mostraron que se “tienen muy pocas capacidades para garantizar seguridad, justicia, derechos humanos y en general para enfrentar la impunidad”, subrayó Le Clercq.
Considerando que el índice que basa en “información pública, oficial, transparente” que emiten las propias autoridades e instancias de gobierno, a fin de evitar cuestionamientos sobre la legitimidad de los datos, la investigadora Cháidez Montenegro reiteró que “si bien hay estados donde el índice de impunidad es más, en realidad la mejor puntuación, que es la de Baja California Sur, es de 49.05, o sea está en el 50, tenemos un problema muy alto generalizado de impunidad”, advirtió.
Sobre los factores que propician la impunidad señaló que se trata de una “cadena donde cada hueco en el camino nos permite que haya más delitos que se queden sin denuncia; cuellos de botella donde ante la falta de personal para perseguir los delitos, luego para investigarlos, procesarlos y encerrar a las personas que resulten responsables, todo esta cadena permite que tengamos los niveles altísimo de impunidad donde al final del día no pasa nada”.
ES DE INTERÉS |
Impunidad podría perpetuarse en caso Ayotzinapa, alerta AI
Entre el silencio y la impunidad
Impunidad persiste con AMLO, opina la mitad de los mexicanos
