Pacto fiscal cambiará por billonario boquete hacendario

Guerrero, Oaxaca, Morelos, Chiapas y Tlaxcala tienen algo en común: son los estados menos eficientes en el manejo de su presupuesto y reciben los mayores recursos desde la federación. Esas cinco entidades serían las mayores perdedoras de modificarse el pacto fiscal, que prevalece desde hace 40 años y que pretenden modificar un grupo de gobernadores.

Una vez que se supere la epidemia de Covid-19 la discusión sobre la redistribución del dinero a los estados será el tema central de discusión política, porque se estima que el socavón fiscal que se tenga entonces superará el medio billón de pesos, por la recesión económica causada por las medidas para tratar de contener la pandemia.

Se trata de cifras estimativas, porque los especialistas desconocen de qué tamaño será el amarrón de la economía mexicana, porque todo dependerá de las medidas que adopte el gobierno federal. Sin embargo, un reporte de Citigroup en México señala que el Producto Interno Bruto (PIB) en 2020 podría caer 9.0%, en y caso de que el gobierno no aplique medidas de apoyo fiscales adicional equivalentes al 1.5% del PIB, por lo que el Producto Interno Bruto de 2020 caería 10.5 por ciento.

Los apoyos fiscales adicionales que contempla Citibanamex equivalen a 19 mil 240 millones de dólares o unos 466 mil millones de pesos, de acuerdo con cálculos de ejecentral.

Ante la posible contracción de la recaudación fiscal, algunos legisladores temen que el partido en el poder, Morena, impida que se convoque a una convención hacendaria para de esta manera modificar la Ley de Coordinación Fiscal aprobada en 1978.

¿Sabías que? En los últimos 30 años, Carlos Salinas de Gortari ha sido el único presidente mexicano que disminuyó la tasa general del IVA, de 15% a 10 por ciento.

El tamaño del problema

Para tratar de tener una idea del boquete fiscal, ejecentral realizó ejercicio para medir el impacto de crisis económica en la recaudación tributaria en los dos grandes desplomes del PIB. En la crisis de 1995, con un desplome de 6.3% del PIB, la recaudación fiscal como porcentaje del PIB disminuyó de 9.0% a 7.4%; ese diferencial de 1.6 puntos porcentuales significó, con datos actuales, poco más de 20 mil 500 millones de dólares o unos 497 mil millones de pesos.

›Esa contracción se obtuvo a pesar de que en abril 1995 aumentó 50% la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Así, con Ernesto Zedillo se cobró el 15% al consumo general y aumentó de 6.0 a 10.0% en la frontera.

En al menos los últimos 30 años, Carlos Salinas de Gortari ha sido el único presidente mexicano que disminuyó la tasa general del IVA, pues en 1992 descendió de 15% a 10 por ciento.

En la crisis global que impactó a México en 2008, la recaudación de ingresos tributarios no petroleros (principalmente ISR, IVA e IEPS) pasó de 8.7 a 8.0%, como porcentaje del PIB.

Ese diferencial, a valor presente representa alrededor de nueve mil millones de dólares o unos 217 mil 500 millones de pesos. Ese menor impacto fue resultado de la reforma fiscal que aprobó el Congreso en 2007, en el sexenio de Felipe Calderón, y nacieron el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU, con tasa de 16.5%) y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE, con tasa de 2.0%). En 2009 la recaudación subió a 9.3% del PIB (Este año, la tasa del IETU aumentó a 17.0%).

Ante la carencia de recursos, los gobiernos de Nuevo León, Jalisco, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas llamaron al gobierno federal a reformular el pacto fiscal porque los estados y municipios reciben poco más de una décima parte de los recursos.

Un reporte de Citigroup en México señala que el PIB en 2020 podría caer 9.0%, y en caso de que el gobierno no aplique medidas de apoyo fiscales equivalentes a 1.5% en este año caería 10.5 por ciento.

Desproporción

“No es viable que el gobierno federal se lleve el 90% del dinero”, sostuvo el presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal en el Senado de la República, Samuel García.

Y añadió, que con la crisis económica que generará el coronavirus, los estados necesitan recursos. “No se vale que una persona decida el 90% del gasto en México. Además de que no sólo es inviable, es también insano”, puntualizó el senador de Nuevo León y también integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado.

Ese 90% que comentó Samuel García, resulta de lo que establecen las reglas actuales del juego, detalló Ricardo Rodríguez Jiménez (Movimiento Ciudadano), presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos en el Cámara de Diputados del Congreso de Jalisco

De los 6.1 billones de pesos (252 mil 900 millones de dólares, al cambio actual) contemplados en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), aprobada por el Congreso para 2020, el 45% (unos 113 mil 800 millones de dólares) son para la federación y el restante 55% (unos 139 mil 100 millones de dólares) es la Recaudación Federal Participable (RFP).

De ese 55%, la federación se queda con el 80% (unos 111 mil 270 millones de dólares) y el 20% restante (22 mil 250 millones de dólares) se reparte entre entidades federativas y municipios.

Así, el 45% de la LIF y el 80% del 55% de las Recaudación Federal Participable el gobierno federal se queda con 225 mil 65 millones de dólares, que significan el 89% de los 252 mil 900 millones de dólares de los ingresos aprobados originalmente y el restante 11.0% es para los estados y municipios.

Además, algunos legisladores puntualizan la revisión del pacto fiscal sea sinónimo de separación o balcanización de las entidades o rompimiento del Pacto Federal.

“No quieren tener ese debate, nos quieren presentar como los separatistas, los balcanizadores, por eso aclaramos, nuestro tema es sobre el cobro y distribución de los impuestos y derechos en el país”, detalló Rodríguez Jiménez.

Este periódico buscó a otras fuerzas políticas para obtener su postura, a diputados de la Comisión Hacienda y Crédito Público, entre ellos a su presidenta, Patricia Terrazas Baca, del Partido Acción Nacional (PAN). De Morena a Marco Antonio Medina Pérez, Agustín García Rubio y Carol Antonio Altamirano; sin embargo, no se obtuvo respuesta.

“Hay una carrera en los últimos meses y en los últimos años de darle más atribuciones de gasto a las entidades federativas en materia de seguridad, salud, infraestructura.” Samuel García, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República.

¿Se rompe el pacto fiscal?

Si bien, el actual escenario 2020 tendrá un faltante de recursos por el impacto económico generado por el coronavirus, en 2019 la Recaudación Federal Participable se ubicó en 3.29 billones de pesos (unos 136 mil 210 millones de dólares), cifra que significó una baja de 1.3%, en términos reales (descontada la inflación del periodo) respecto a 2018. Desde 2015 no se tenía una contracción.

La baja fue resultado del menor Impuesto sobre la Renta (ISR) e IVA cobrado, rubros que representaron el 71.3%. En cambio, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aumentó 32.3% y significó el 14.4% del total. Ese incremento fue impulsado por el llamado gasolinazo que es el IEPS a las gasolinas que en 2019 aumentó 68.0% al sumar 275,700 millones de pesos y representó el 8.4% del total de la RFP.

Es por eso que las cúpulas empresariales insisten en que el gobierno federal apoye a las empresas a paliar la crisis económica, no con condonaciones, pero sí con diferir los pagos.

Debido a que el ISR e IVA son los impuestos que sustentan a la economía, al llamado de apoyo al gobierno federal se han sumado los gobernadores que buscan el cambio de las reglas en el pacto fiscal.

Hay “tres objetivos primordiales ante esta situación, son salvar el mayor número de vidas que es el más importante, cuidar el mayor número de empleos y al mayor número de empresas, que son la principal fuente generadora de empleos en el estado”, indicó Javier Corral, gobernador de Chihuahua en su participación en un foro virtual (“Gran Diálogo por la Reconstrucción”).

En ese sentido, los legisladores García y Rodríguez Jiménez (ambos de Movimiento Ciudadano) reconocieron que salir del pacto fiscal no es lo óptimo; sin embargo también están conscientes de que Morena podría usar su mayoría en el Congreso para impedir los cambios.

A pregunta expresa de ¿Morena puede bloquear en el Congreso los cambios a la Ley de Coordinación Fiscal? Rodríguez Jiménez respondió: “Por supuesto que sí pueden bloquearlo. El mejor ejemplo de su mayoría es la distribución actual de los recursos (presupuesto). Morena con su mayoría determinó cancelar recursos que normalmente llegaban a los estados y desde el centro del país decidirán a qué proyecto reorientar esos recursos”.

En tanto, Samuel García puntualizó: “sí, pueden hacer y tienen los votos suficientes para bloquear, pero si lo hacen va a salir peor la cosa porque algunos estados nos vamos del convenio porque para salirnos no se requiere cambiar ninguna ley, la actual ley ya lo contempla. Esa es nuestra carta de negociación”.

En efecto, el Artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal dice: “Las entidades que deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para recibir las participaciones que establezca esta Ley, lo harán mediante convenio que celebren con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deberá ser autorizado o aprobado por su legislatura. También, con autorización de la legislatura podrán dar por terminado el convenio”.

Sin embargo, los legisladores sostienen que la intención no es salirse de pacto fiscal, si no actualizar la forma como se recauda y como se distribuyen los recursos, porque actualmente es un “esquema injusto, totalmente centralista y que ya corresponde a las circunstancias que hoy vive México”.

Según el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos en el Cámara de Diputados del Congreso de Jalisco, de no prosperar la renegociación del pacto fiscal, las entidades que así lo decidan podrían quedar fuera, “si hay voluntad política todo este proceso se podría hacer en un lapso de seis meses”.

García puntualizó que para no generar desestabilidad, una vez fuera, para concluir el proceso se debe hacer de forma gradual y transitoria. La salida se “puede dar en dos años y dos

años para que no vaya a haber una crisis política”.

8.0 por ciento pasó la recaudación de ISR, IVA e IEPS pasó de 8.7%, durante la crisis global que impactó a México en 2008.

El ranking del dinero

Según García, para 2020 las cinco entidades que recibirán el mayor porcentaje de las aportaciones federales respecto a ingresos totales son Guerrero, Oaxaca, Morelos, Chiapas y Tlaxcala.

En un ejercicio realizado por ejecentral, se observó que en 2019 las cinco entidades que recibieron el mayor monto de participaciones pagadas fueron estado de México con 124 mil 714 millones de pesos; la Ciudad de México recibió 96 mil millones de pesos; Jalisco recibió 58 mil 940 millones; Veracruz recibió 52 mil 484 millones y Nuevo León recibió 43 mil 324 millones de pesos.

Sin embargo, al considerar la población de cada entidad, Tabasco recibió el mayor monto con 10 mil 627 pesos por habitante; Campeche obtuvo 10 mil 594 por habitante; la Ciudad de México 10 mil 219 pesos; Baja California Sur captó 9 mil 148 pesos y Sonora 8 mil 313 pesos. Así, en términos per cápita, Nuevo León quedó en sexto lugar, el estado de México en el duodécimo, Jalisco en el decimocuarto y Veracruz en el vigesimosexto.

Además de las participaciones (Ramo 28), otro de los fondos que tiene el gobierno federal es el Ramo 33 o “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, que es el mecanismo presupuestario para transferir recursos para atender el gasto en educación, salud e infraestructura básica, principalmente. En 2019, el Ramo 33 canalizó 801 mil 880 millones de pesos.

›Por ejemplo, por cada peso que recibieron en promedio las tres entidades con menor apoyo, Campeche, Baja California Sur y Colima, el estado de México recibió más de 10 pesos; Veracruz más 7.0 pesos; la Ciudad de México más de 7.0 pesos y Chiapas y Oaxaca alrededor de 6.0 pesos.

Del Ramo 33 sobresale la Ciudad de México, que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el apoyo disminuyó cada año 1.0% y en el primer año de López Obrador también disminuyó 0.5 por ciento. Esto contrario al incremento promedio de cada año durante el sexenio de Felipe Calderón.

“Algunos estados nunca van a cobrar porque políticamente les cuesta más. Además reciben mucho más por no cobrar, es un premio para ellos. Es una cuestión clientelar”, sostuvo el legislador regiomontano.

9.3 por ciento aumentó la recaudación del PIB hacia 2009, tras la crisis global.

La propuesta

Además de los menores recursos que tendrá la federación, los estados señalan que poco a poco se les han delegado más responsabilidades.

“Hay una carrera que se ha dado en los últimos meses y en los últimos años de darle mayores atribuciones de gasto a las entidades federativas en materia de seguridad, salud, infraestructura. El Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la policía municipal. Incluso hay una reducción importante en los subsidios a estados y municipios, cayeron casi 20 por ciento. Hay una reducción importante en lo que es la infraestructura carretera”, detalló el presidente de la comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, Fernando Galindo Favela, del Revolucionario Institucional (PRI).

García también aseveró que “se han dado muchas facultades y responsabilidades a los Estados y municipios pero nunca le anexaron ningún cheque”.

Por eso, el senador regiomontano, que cuenta con varios posgrados en cuestiones fiscales, sostuvo que en países como Estados Unidos, Alemania o Suiza, la federación se queda con hasta el 60%, los estados reciben

30% y los municipios 10 por ciento.

Sin embargo, en México por 40 años se ha dictado desde el centro o la federación “cuánto, cómo y en qué gastar o no simplemente no nos da dinero. Con el coronavirus los estados están diciendo ‘oye pues no’”, añadió.

Nuevo León en 2019 recaudó más de 301 mil millones de pesos, explicó, sin embargo al estado se deberían agregar otros 90 mil millones de pesos por el hecho de que empresas regiomontanas establecidas en la entidad tiene su registro fiscal en la Ciudad de México, y otros 36 mil millones de pesos porque las empresas exportadoras del estado usan más las aduanas fronterizas de Tamaulipas (Reynosa, Laredo y Matamoros), lo cual conforme a las leyes de comercio exterior los recursos se suman al estado donde está la aduana y no al estado que en realidad produce la riqueza.

“Si Nuevo León aporta 460 mil millones de pesos porque nada más me dejas usar 76 mil millones de pesos (...) eso representa casi 17.0% de todo lo que aporta. Esto debido a que la Federación incluye, en su fórmula de reparto, elementos redistributivos, cuando únicamente debería de utilizar elementos resarcitorios”, señaló el senador.

En el caso de Jalisco, explicó Rodríguez, las fórmulas estiman alrededor de 109 mil millones de pesos para 2020, aunque “en un análisis que se hizo, nos corresponden más del doble con más de 240 mil millones de pesos”.

Ambos legisladores coincidieron en señalar que saben que sus entidades deben aportar recursos a otras entidades y por eso quizá no nos deben tocar los 241 mil millones de pesos, a lo mejor es mucho menos que eso, pero por eso nosotros en Jalisco decimos, que se haga la discusión en una convención nacional hacendaria para determinar la parte correcta que corresponde a los Estados”.

“Queremos que el gobierno federal llame a los gobernadores y a las fuerzas políticas a nivel nacional y en la mesa se hagan planteamientos concretos de cómo le podemos hacer para salir de la crisis, para lo cual se requiere dinero. El gobierno federal debe decir claramente cómo le vamos a entrar y no solamente como lo ha estado haciendo el Presidente de la República repite que va a implementar los programas sociales o las actividades que ya están planteadas en el presupuesto 2020”, concluyó el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos en la Cámara de Diputados del Congreso de Jalisco.

El investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Christopher Cernichiaro, independientemente de que hagan los cambios en el pacto fiscal, es “fundamentalmente importante que aumenten la recaudación fiscal los estados. Se deben fortalecer las fuentes de recaudación local con la tenencia o el predial para que puedan instrumentar políticas públicas”.