A fin de “fortalecer el diálogo entre los Poderes del Estado”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclaró a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que los salarios de los ministros del alto tribunal no pueden reducirse por decisión de otros Poderes.
El oficio de respuesta del máximo tribunal se da una semana después de la carta que envió la titular de la Segob a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, en la que se cuestionó por qué la Corte no ha cumplido con la disminución de salarios que establece el artículo 127 de la Constitución Federal.
Al anticipar que la Secretaría de Gobernación carece del “fundamento jurídico” para hacer esa petición, el Pleno de la SCJN informó que en 2019 acordó reducirlos en un 25% respecto a 2018, “como medida de racionalidad del gasto público”.
No obstante, por mandato constitucional recalca que las percepciones de los ministros “no pueden ser diferenciadas, ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de los otros Poderes”.
En ese sentido, reitera que fue el alto tribunal el que invalidó diversos preceptos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, pues el Poder Legislativo no fijó los parámetros para fijar los salarios como exige el 127 constitucional.
En tanto, el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2023 que hoy publicó el Inegi indica que la SCJN y el Poder Judicial de la Federación ha incrementado el ejercicio de su presupuesto, pero en contraste el número de sentencias han ido a la baja.
Los más de 5 mil 342 millones 350 mil pesos que en 2022 ejerció la SCJN implicaron el mayor presupuesto ejercido desde 2010. Sin embargo, la cantidad de sentenciadas en ese año resultó el más bajo desde 2019, lo cual implicó el año pasado una disminución del 61.7 por ciento.
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