La afrenta que ha representado la militarización de la seguridad pública sigue teniendo efectos en organizaciones de la sociedad civil, que continúan promoviendo amparos en contra de las reformas por las que se incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De acuerdo con las organizaciones, la reforma vulnera su derecho a defender los derechos humanos de la población sin miedo, por lo que promovieron un total de 24 amparos en la Ciudad de México y Guanajuato en contra de estas modificaciones.
Se detalló que se apela en estos recursos al efecto inhibidor, esto es que, con un temor fundado, como defensores de derechos humanos piensen dos veces antes de llevar a cabo las tareas que tienen por objeto social.
Entre las organizaciones demandantes se encuentra Data Cívica, México Unido Contra la Delincuencia, Justicia Transicional MX, AsiLegal, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, y el Centro Pro DH, que advirtieron que no se está conformando en México una institución policial de carácter civil.
Foto: Cuartoscuro
Esto pese a que la Constitución dice muy claramente que la Guardia Nacional es una institución de carácter civil con entrenamiento policial y adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública federal.
A ello, señalaron, se suma el hecho de que se establece en la ley la posibilidad de que el Ejército lleve a cabo tareas de seguridad pública de manera ordinaria, aún y cuando la Constitución contiene parámetros de excepcionalidad y temporalidad para su presencia en las calles.
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“Está reforma no está atendiendo esos controles que ordena la Constitución y por lo tanto, nosotros vemos que existe un grave atentados a la seguridad ciudadana y a los derechos de las organizaciones civiles”.
Advirtieron que pese a que la militarización de la seguridad pública data de hace varios años, el escenario actual es diferente porque se perpetúa la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, se dio pie a la creación de la Guardia Nacional con corte militar y a la ampliación de las facultades que tienen las Fuerzas Armadas en el país.
Se precisó que hasta ahora, desde varias organizaciones y organismos, se tienen pendientes diversos recursos en contra de la militarización, como la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la Ley de la Guardia Nacional; la acción de inconstitucional que presentó la minoría en el Congreso contra las recientes reformas.
Una más que data de hace seis años en contra del Código de Justicia Militar y el Código de Procedimientos Militares; se suman controversias constitucionales contra el Acuerdo militarista de Michoacán, Colima y el municipio de Pabellón de Arteaga en Aguascalientes.
Así como los amparos de México Unido Contra la Delincuencia contra la Ley de la Guardia Nacional, y el amparo que se encuentra en la Primera sala de la Suprema Corte contra Lay Nacional sobre el Uso de la Fuerza, presentado por la CMDPDH.
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