Más de 100 OSC del país y AL exigen a México explique espionaje y uso de datos

ONG’s nacionales y de países como Colombia, Panamá Argentina, Chile, Paraguay, Costa Rica, asociaciones de periodistas e independientes, firmaron un documento en el que exigieron al gobierno de México rinda cuentas sobre el uso indiscriminado y arbitrario de métodos de espionaje, así como explicar el uso de la información obtenida. Los firmantes piden también se sancione a los responsables de dichos actos. En el texto señalan que las autoridades están obligadas a utilizar todas sus facultades legales y constitucionales para atender con prontitud y diligencia a los hostigamientos perpetrados contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en México. Los demandantes exigieron al gobierno de EPN una explicación sobre el uso del malware para realizar dicho espionaje, sobre la apertura de investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes, reiteran se sancionen a los responsables que mediante el abuso del poder, decidieron vulnerar ilegalmente la privacidad de los actores sociales. Demandaron se realicen las reformas legales necesarias para regular las facultades de vigilancia del Estado de conformidad con los parámetros de derechos humanos y garantizando la rendición de cuentas. Y es que el 19 de junio Citizen Lab y organizaciones como Artículo 19 entre otras publicaron una investigación recogida por el The New York Times que demuestra el uso del malware Pagasus altamente sofisticado y comercializado exclusivamente a gobiernos, con el objetivo de espiar teléfonos celulares de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción. Y es que el método consiste en el envío de mensajes SMS con enlaces que, al ser accedidos, provocan la instalación inadvertida del software malicioso Pegasus y comercializado solamente a gobiernos por la empresa israelí NSO Group. De acuerdo al rotativo The New York Times, cada licencia de infección costaría alrededor de $77,000.00 dólares (o cerca de un millón cuatrocientos mil pesos mexicanos, provenientes del erario público). Fueron detectados 88 mensajes con enlaces maliciosos, 76 en esta nueva investigación y 12 en una investigación pasada en las que se encontraron los activistas por el derechos de la salud Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública, Alejandro Calvillo de la organización el Poder del Consumidor y Luis Encarnación de la coalición ContraPESO. Entre los activistas y periodistas se encuentran Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre de la organización de derechos humanos Centro Miguel Agustín Pro Juárez, (Centro Prodh); Carmen Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán del portal de noticias (Aristegui Noticias), así como Emilio Aristegui, hijo de la periodista Carmen Aristegui; el periodista Carlos Loret de Mola; Juan Pardinas y Alexandra Zapata del Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO); y Daniel Lizárraga y Salvador Camarena de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Ante lo ocurrido, el gobierno a través de su cuenta de Twitter, el Coordinador General de Comunicación Social y Vocero de la República, Eduardo Sánchez publicó la respuesta del gobierno federal al reportaje del NYT en donde se señala que “no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje” y llamó a quienes pudieran ser víctimas a que presenten una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).