Organización educativa pide a AMLO suspender examen PISA
Argumentaron que el examen es un instrumento “mercantilizador y neocolonizador que no es útil para las transformaciones que requiere el sistema educativo”
“Mercantilizador y neocolonizador” son las razones por las cuales los integrantes de la Red Social para la Educación Pública en las Américas pidieron al presidente López Obrador eliminar la aplicación de la prueba Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés).
La organización en defensa de la educación, con presencia en varios países de América y Europa, pidió al gobierno mexicano que cancele el contrato que sostiene con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quien es responsable de la prueba PISA.
Argumentaron que el examen es un instrumento “mercantilizador y neocolonizador que no es útil para las transformaciones que requiere el sistema educativo”.
“Antes de decidir mantener la prueba PISA y el oneroso contrato con la OCDE, su gobierno realice una evaluación de los impactos que estas políticas tienen en la enseñanza”, señalaron en videoconfrencia.
Los docentes de la sección mexicana de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación, pidieron al presidente que reconsidere la aplicación de la prueba.
Indicaron que tienen planeado acudir al Palacio Nacional para entregarle al mandatario una carta abierta el próximo 13 de mayo para advertirle de las consecuencias de la prueba de la OCDE.
Agregaron que la prueba han generado “segmentación educativa, discriminación a los estudiantes de grupos más vulnerables, profundizan la desigualdad y no ayudan a hacer realidad el derecho a una educación pública, gratuita, humanista y crítica que contribuya al desarrollo nacional”.
María de la Luz Arriaga, integrante de la organización, recordó el compromiso del presidente de que “nada se haría sin el apoyo del pueblo y contra sus beneficios, y la prueba PISA es ajena a los intereses de la escuela mexicana”.
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Aseguró que no se escuchó a los docentes para tomar la decisión de continuar con su aplicación, y tampoco la voz de expertos internacionales que “han alertado, desde hace años, de los efectos nocivos de las evaluaciones estandarizadas”.
Consideró que la aplicación del examen es de interés público por lo que se debe abrir el debate a la sociedad para evaluar “qué hemos logrado después de 21 años de aplicarla, adónde se fue todo ese recurso y cuál ha sido su efecto en escuelas, alumnos y docentes”.
Finalizó diciendo que lo que realmente se juega es el futuro de la educación y el derecho a decidir sobre qué formación se quiere impartir. DJ
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