En el contexto del nuevo convenio entre México y Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden ha intensificado la expulsión de migrantes de diversas nacionalidades bajo la aplicación de la norma título 42 de la política fronteriza, con la que se amplían los riesgos que sean vulnerados los derechos de personas migrantes y refugiadas ante lo que organismos internacionales y organizaciones civiles advierten como una “alarmante devolución en cadena”.
Ante un panorama en el que, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), al cierre de junio las detenciones en la frontera sur de Estados Unidos superaron las 188 mil, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al gobierno estadounidense levantar las restricciones de acceso a ese país, toda vez que los centenares de personas expulsadas estaban siendo retornadas a sus países de origen sin resolver sus solicitudes de refugio.
En ese sentido la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, expresó su preocupación por los vuelos de expulsión y señaló que, “las personas o familias a bordo de esos vuelos que puedan tener necesidades urgentes de protección corren el riesgo de ser devueltas a los mismos peligros de los que han huido en sus países de origen”.
Pese a la situación de violencia, migrantes de Guatemala, Honduras, y el Salvador fueron regresados a sus países de origen.
Lo anterior debido a que el gobierno de Estados Unidos intensificó el envío de vuelos desde Texas hacia México para expulsar migrantes y llevarlos hacia donde los centros de detención tienen mayor capacidad con apoyo de autoridades mexicanas.
Sobre la medida, Jen Psaki, secretraria de prensa de la Casa Blanca declaró el martes que “es para intentar reducir la reincidencia y una mayor propagación de la variante Delta. La política actual es expulsar a las familias y a las personas según el Título 42 cuando sea posible. Sin embargo, por diversas razones, eso no siempre es posible. Y es por eso que entra la deportación acelerada”.
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