El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dos Amicus Curiae en los que exponen sus argumentos en contra de la Ley de Seguridad Interior. Ambos organismos internacionales pidieron a los ministros declarar inconstitucional dicha legislación. En el documento presentado por WOLA recordó que el Ejército estuvo involucrado en sonados casos de violaciones a los derechos humanos a pesar de los cuatro lineamientos sobre el uso de la fuerza que entraron en vigor desde el 2009. El informe cita, entre otros, los ejemplos de las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la ejecución extrajudicial de Calera, en Zacatecas, o la reciente desaparición forzada de 23 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por parte de elementos de la Secretaría de la Marina (Semar). La organización también recalcó que la Ley de Seguridad Interior hará todavía más difícil que los militares cooperen con las autoridades civiles en la investigación sobre los abusos militares, y que en los hechos las instituciones castrenses ponen muchas trabas a las autoridades civiles para proteger a sus integrantes involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos. Ayer, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió un “respetuoso llamado” a los integrantes de la SCJN para que declaren la inconstitucionalidad de la ley. El Alto Tribunal comenzará a analizar las impugnaciones a la Ley de Seguridad Interior, a partir del lunes próximo.
7 de Noviembre de 2024
