El juez Séptimo de Distrito en Tuxpan, Veracruz resolvió uno de los amparos pedidos por el perredista Rogelio Franco Castán, exsecretario de Gobierno en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.
El juez federal ordenó que se liberara al político, tras la derogación del delito de “ultrajes a la autoridad”, declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo seguirá en prisión ya que hay otros dos procesos en su contra.
Los ministeriales detuvieron a Franco Castán el 13 de marzo de 2021 y desde entonces, se le han imputado varios delitos como ultrajes a la autoridad y desvío de recursos.
En torno a este caso, familiares del perredista y el propio partido han denunciado varias veces la persecución política “a la que han sido sometidos los opositores a la administración de Cuitláhuac García”.
Incluso el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, acusó al gobierno local de crear este delito para que Franco no pudiera acceder al curul en San Lázaro.
Tras la resolución del juez, las hijas del diputado denunciaron que el abogado es un preso político. “Y que hace un año dieron instrucciones a la Fiscalía del estado y al Poder Judicial para llevarlo a prisión ilegalmente”, sentenciaron.
También denunciaron que las acusaciones por las que Franco sigue preso en el penal de Amatlán son una simulación por parte del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.
BG
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