El juez de control de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, Iván Aarón Zeferín Hernández, ordenó la detención de 10 presuntos implicados en el caso de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez-Puga.
En la lista de presuntos implicados en el lavado de dinero, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), se encuentran 5 altos mandos policíacos de la administración pasada.
Están siendo investigados por la triangulación de 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras, presuntamente vinculadas con Álvarez Puga. Este dinero salió de los contratos ganados por dichas empresas para ejecutar servicios para el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
Dichos contratos fueron para comprar diferentes sistemas de seguridad para diferentes penales y centros de readaptación social de todo el país. Tales como: el del Altiplano, Occidente, Noreste, Noroeste, Oriente, Sureste, Nor-Noroeste, Nor-Poniente, Norte y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos.
Tambien ganaron un contrato para realizar la interconexión de los Centros Federales de Readaptación Social de Sonora, el Femenil de Morelos y el de Michoacán.
Los presuntos implicados eran miembros del OADPRS
La lista de implicados se encuentran: Eduardo Guerrero Durán, ex comisionado del OADPRS, así como Paulo Uribe Arriaga, ex director General de Administración, y Emmanuel Castillo Ruiz.
También aparecen Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, ex director general de Desarrollo Tecnológico; y Jorge Arnaldo Nava López, ex director general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS.
Además de Armando Romero López, José Reyes Orta Sierra, Ricardo Cortés Contreras, Yareli Eunice Delgado García y Héctor Oswaldo Zorrilla Habana, quienes presuntamente participaron en las empresas para la triangulación y lavado de dinero.
BG
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