La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá permitir el ingreso a sus cuarteles a un grupo interinstitucional encabezado por la Comisión Nacional de Búsqueda, como parte de las labores de búsqueda e investigación de dos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) que fueron víctimas de desaparición forzada por parte de militares y policías de Oaxaca.
Así lo ordenó la Primera Sala del Alto Tribunal al emitir su fallo, bajo la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, sobre el amparo en revisión 51/2020 interpuesto por familiares y abogados de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, identificados como integrantes del EPR quienes fueron detenidos y desaparecidos por integrantes del Ejército, así como de policías estatales y municipales de Oaxaca el 25 de mayo de 2007.
“Dicho grupo interinstitucional de búsqueda encabezado por la Comisión Nacional de Búsqueda, en coordinación con la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, deberá diseñar el plan integral de búsqueda a fin de realizar las diligencias correspondientes en los cuarteles militares, de conformidad con lo establecido en esta ejecutoria, permitiendo la participación, en su caso, de instancias internacionales de derechos humanos, a fin de que acompañen a las víctimas”, señala la sentencia al establecer un plazo no mayor a 30 días naturales para conformar dicho grupo.
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El proyecto de sentencia aprobado por mayoría de tres votos y uno en contra, establece que las autoridades encargadas de la investigación sobre la detención y desaparición de Edmundo y Gabriel Alberto “no han utilizado todos los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales y oportunas para esclarecer la suerte o paradero de las víctimas”, y en ese sentido identificaron como responsables de dichas desapariciones forzadas a quienes formaron parte del operativo, el cual estuvo encabezado por elementos del Ejército, el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, hoy CNI, así como la Policía Ministerial y de Seguridad Pública de Oaxaca y la Comisaría General de Seguridad Pública y Vialidad Municipal del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez.
Sobre los hechos ocurridos durante la gubernatura de Ulises Ruíz Ortiz, y el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió la semana pasada que esperarían el fallo de la Corte, sin embargo, aseguró que se cumpliría con lo ordenado, pues subrayó que su gobierno mantiene “una postura de completa transparencia, de no ocultar absolutamente nada”.
Respecto a la apertura de los cuarteles militares por parte de la Sedena, el mandatario adelantó el miércoles pasado que “no hay obstáculos de ninguna institución del Estado, porque la instrucción que han recibido todos los titulares de las secretarías es que ayuden, que cooperen, que no se conviertan en cómplices de delitos, entonces, no hay ningún problema”.
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