La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, entonces titular de la Procuraduría General de la República cuando se inició la integración de la investigación en contra de Javier Duarte, sostuvo que la orden de aprehensión -obtenida en octubre de 2016- bajo la cual fue detenido el exgobernador de Veracruz fue histórica y se derivó de un previo estudio técnico-jurídico.
Entrevistada tras la entrega del Premio a la Innovación en Transparencia 2018, Arely Gómez resaltó que la orden obtenida de un juez federal durante su paso por la PGR y con la que actualmente está trabajando la dependencia federal, se solicitó por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita) los cuales ameritan prisión preventiva oficiosa.
Por primera ocasión en la historia, la Procuraduría General de la República obtiene una orden de aprehensión en contra de un gobernador, aun en funciones, por el delito de delincuencia organizada. Es la orden con la cual se está trabajando y fue otorgada previo un estudio técnico-jurídico (…) Soy absolutamente respetuosa del Poder Judicial. Ellos tomaron esta decisión después de un estudio”, sostuvo.
Ayer, durante un encuentro entre Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR con medios de comunicación, el funcionario señaló que en la integración de la carpeta de investigación del caso Duarte, durante la administración de Gómez González, se cometieron errores que derivaron en que el miércoles pasado la dependencia haya solicitado un procedimiento abreviado en contra del exmandatario veracruzano.
Cuando llegó esta administración (actual), nos encontramos una carpeta de investigación mal integrada, lo digo así: mal integrada. Ya había una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (…) Y cuando digo mal integrada es porque me sorprende que el juez incluso librara las órdenes de aprehensión”, dijo Muñoz Vázquez ante los reporteros.
El miércoles pasado, en la audiencia con la que concluyó el proceso a nivel federal que la PGR emprendió en contra de Javier Duarte, le fue dicta una sentencia de nueve años de prisión luego de que el exgobernador se declaró culpable y su defensa llegó a un acuerdo con la dependencia federal para llevar un proceso abreviado y con ello obtener una pena reducida a cambio de reconocer su culpabilidad, el aseguramiento de 40 propiedades y el pago de 990 días de multa. RB
