Hace un par de días se llevó a cabo la ceremonia por el aniversario 108 de la promulgación de la Constitución Política del Estado Mexicano, aquella que impulsara el Barón de Cuatro Ciénegas, Venustiano Carranza. Aquella discusión que se dio en el entonces Teatro Iturbide tenía la finalidad de llevar al texto constitucional las propuestas surgidas del primer movimiento social del siglo XX, la Revolución Mexicana.
Así se convirtieron en derechos las inquietudes de los campesinos y de los obreros. Se hicieron leyes las posibilidades de estudiar y aprender. Se hizo garantía el derecho a votar y ser votado. En fin, una Constitución que en su momento fue de las más adelantadas del mundo.
Sin embargo, las sociedades avanzan y se modernizan, al igual que todos los procesos materiales y tecnológicos. De igual forma, el texto constitucional se debe ir adecuando a los tiempos de las sociedades que norma. La Constitución de nuestro país se ha ido adaptando y modificando no solo por los nuevos tiempos. Cada mandatario ha ido dejando su propia huella política en la Carta Magna.
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Hoy México vive una circunstancia muy particular; diría yo que se viven momentos inéditos. El Poder Judicial es una de las tres soberanías que integran el Estado Mexicano. En la lógica parlamentaria del Constituyente de 1917, cada poder era independiente del otro, cada uno con tareas sustantivas.
No es una sorpresa para nadie recordar el acuerdo político que prevaleció en el México posrevolucionario, donde el titular del Poder Ejecutivo tenía en la praxis un poder por encima de los otros dos. Digamos que la norma decía una cosa y, en la práctica, operaba la realpolitik. Los gobiernos priistas no se caracterizaban por respetar la separación de poderes. El peso brutal del Ejecutivo se hacía sentir en todos los espacios de la vida política y social del país.
La idea de un cambio, de la transición política que ha vivido el país desde hace algunos años, tendría —en la lógica de democratizar la vida política nacional— que terminar con esas prácticas que no ayudaban a hacer más moderna la política nacional.
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Hoy México vive una situación muy compleja: un Poder Judicial absolutamente desmadejado. Muchos integrantes de este poder ayudaron a su desprestigio. Eso no significa que no existan muchas y muchos que honran el trabajo de los juzgadores.
El 5 de febrero se vivió en el Teatro de la República una nueva edición de la ceremonia de la promulgación de la Constitución. A diferencia de todas las anteriores, en esta no fue invitada la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. El argumento: “Faltó al respeto al Poder Legislativo y al Ejecutivo”. Voces habrá a favor… y en contra.
Al final, la mejor opinión la tendrá usted. Solo agregaría un pequeño comentario: una ceremonia como la del pasado 5 de febrero no es propiedad de nadie, es una ceremonia del Estado Mexicano. Seguramente alguien pensará en estos momentos, recordando esta misma ceremonia hace dos años:
“Y si se hubiera levantado…”
